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El Ayuntamiento de Zamora tiene un déficit de 8,3 millones de euros, una cifra a la que la auditoría interna ha llegado después de reconocer como incobrables 14,2 millones de saldos de dudoso cobro que se arrastraban desde hace 20 años, en algunos casos, y de incorporar pagos pendientes y no contabilizados por valor de 7,1 millones.

El concejal de Economía y Empleo, Ángel Luis Crespo, que ayer entregó a los grupos el informe elaborado por los servicios técnicos, que servirá de punto de partida para diseñar un plan de eficacia económica, avanzó que una de las medidas que propondrá es la actualización progresiva de las tasas e impuestos. "Sólo con la actualización del IBI y del impuesto de vehículos a los niveles impositivos del año 2000 se absorbería todo el déficit", asegura el equipo de Gobierno, que considera que, aunque es necesario adoptar medidas, "el estado económico del Ayuntamiento no reviste especial gravedad", una interpretación de la que discrepan radicalmente el PSOE e IU.

Uno de los principales problemas que refleja la auditoría es "la disminución paulatina de los recursos ordinarios destinados a la financiación de inversión, dado que el incremento de gastos, como consecuencia de la mejora y asunción de nuevos servicios y de un encarecimiento de los que se venían prestando, ha sido superior al incremento de los ingresos", según informó el grupo de Gobierno en un comunicado.

En este sentido, los populares recuerdan que desde el año 2000 "se ha producido un incremento del coste de la vida superior al 30 por ciento, aumento que se ha trasladado a todos los servicios a través de la revisión de precios con un incremento mínimo del IPC real. Sin embargo los ingresos municipales han crecido muy por debajo de ese porcentaje con una actualización esporádica de tasas e impuestos aplicando el IPC previsto".

Esta política impositiva, añaden, ha convertido Zamora "en una de las ciudades con menor presión fiscal del país fomentando", pero ha limitado "la capacidad de inversión". A esta circunstancia se suma "la asunción de servicios sin que se hayan habilitado las dotaciones económicas necesarias a través de un incremento del porcentaje de financiación en los fondos del Estado".

El porcentaje de déficit que refleja el informe auditor, que supone el 18,44 por ciento de los recursos ordinarios del último ejercicio, "es considerado "importante" por los servicios técnicos, pero no alarmante, teniendo en cuenta el volumen presupuestario del Ayuntamiento", afirma el equipo de Gobierno.

Las bajas que refleja la auditoría corresponden en su gran mayoría, más de diez millones, a ingresos pendientes de ejercicios anteriores al 2002. Son, explican los populares, "recibos que no han podido culminar la vía ejecutiva por distintos motivos", bien porque no compensa dada su escasa cuantía, por insolvencia del acreedor, cierre de negocios y quiebras, o porque han sido girados con algún tipo de error y no han ido depurados por el sistema informático. En cualquier caso, el equipo popular destaca que el porcentaje de cobro en periodo voluntario está por encima del 80 por ciento.

También incide en que los pagos a proveedores se vienen produciendo "dentro de un margen razonable de tiempo que no supera el mes y medio, lo que indica que la crisis económica no reviste aún la suficiente entidad como para implicar demoras en los pagos efectivos".

Otro factor determinante en el incremento del déficit es la inclusión de todos aquellos pagos que no figuran en las cuentas municipales por no haber sido aprobadas o tramitadas. La mayor cuantía de esta partida se corresponde con el desajuste presupuestaria del servicio de abastecimiento de agua, que se viene arrastrando desde el año 1992.