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La plataforma Profesionales por la Ética anda de uñas con la decisión de la Junta de no aceptar as objeciones de conciencia planteadas por las familias que se ponen a que sus hijos estudien la controvertida asignatura de Educación Para la Ciudadanía.

La organización acusa a la Administración regional de «restringir libertades fundamentales de los padres». Por eso, en el ámbito nacional, más de 15.000 ciudadanos han escrito al presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy y a varios presidentes autonómicos de esta formación política exigiéndoles que cumplan sus promesas electorales y reconozcan los derechos de los objetores contra este temario.

Profesionales por la Ética (PPE) denuncia que la Junta, al no admitir este movimiento opositor, «se suma a posturas intransigentes de los gobiernos de comunidades autónomas como Asturias y Andalucía, donde no solamente se ha ignorado este derecho constitucional de los padres, sino que además se está amenazando a los objetores a esta asignatura».

Cabe recordar que en Castilla y León, Educación para la Ciudadanía se implantará el año que viene en dos cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y en primero de Bachillerato. Ante la inminente inclusión en el itinerario curricular de esta asignatura, se han constituido numerosas plataformas de oposición en diversas provincias de la región, como en Segovia.

La materia ha concentrado el rechazo hasta ahora de 1.744 familias en Castilla y León. La provincia no es de las más activas en este sentido, ya que según los datos recopilados por la agrupación Profesionales por la Ética, a seis meses de que se ponga en marcha la polémica asignatura, en Segovia se han contabilizado al menos 36 objeciones de conciencia, aunque el número puede ser mayor si los rechazos han sido tramitados por los padres de forma particular sin notificarlo a las promotoras de la objeción.

El aluvión de insumisiones se ha acrecentado en las últimas fechas a raíz, precisamente, de la constitución masiva de esas plataformas. Como botón de muestra, en la provincia se ha formado la asociación Segovia Educa en Libertad, que centraliza en cierto sentido las tramitaciones de los rechazos a la Educación para la Ciudadanía. Esta organización también se ha creado en Palencia la semana pasada.

En esta misma línea se ha manifestado el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, lamenta la decisión de la Junta de Castilla y León de rechazar las objeciones de los padres a la asignatura, ya que este hecho no hará sino intensificar la actividad de las plataformas de padres y ciudadanos.

Por su parte, la coordinadora de la campaña de objeción de conciencia promovida por Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, ha declarado en un comunicado que «los padres objetores de Castilla y León, al igual que los de toda España, solamente reclaman su derecho constitucional a la objeción de conciencia y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas».

La Junta de Castilla y León ha argumentado su posición de no aceptar las objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía en que en la interpretación de la comunidad autónoma han sido suprimidos los contenidos ideológicos.

El razonamiento no convence a la representante de Profesionales por la Ética. Asimismo, Leonor Tamayo esgrime que «los padres objetan porque la asignatura sigue teniendo el objetivo de formar la conciencia moral de los alumnos».

Las plataformas ciudadanas que agrupan a unos tres mil padres de toda España han escrito al presidente del Partido Popular exigiendo coherencia con la promesa electoral que hizo el PP antes de las elecciones. Mariano Rajoy señaló entonces que su grupo político se mostraría solidario con los padres objetores y aseguró que Educación para la Ciudadanía era una «asignatura de adoctrinamiento».