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La crisis del ladrillo no es la única causa del decaimiento de algunas promociones inmobiliarias. La falta de agua ya ha frustrado proyectos residenciales en la costa mediderránea, pero también ha paralizado uno en Álava. La falta de garantías ante el aumento del abastecimiento hidráulico de Ullíbarri de los Olleros, un pueblo situado a sólo ocho kilómetros de Vitoria, está a punto de echar por tierra una urbanización de 24 chalés que iba a duplicar el tamaño de la pequeña localidad.

El visto bueno municipal a la operación, instado por varios promotores en julio de 2005 al Ayuntamiento, lleva ya dos años paralizado. ¿El motivo? Que desde el 24 de marzo de 2006, fecha en la que fue requerido, no se ha aportado un informe técnico sobre la existencia de una reserva de agua suficiente para poder abastecer a todas las viviendas. De hecho, el expediente que impulsaron en 2005 está "caducado" a efectos administrativos, por lo que si ahora decidieran reactivarlo tendrían que repetir todas diligencias administrativas que hicieron hace ya tres años.

El alcalde pedáneo prefiere no hacer declaraciones, pero uno de los propietarios de los terrenos calificados para acoger las nuevas casas asegura que "se hizo un pozo que resultó insuficiente para los consumos previstos". Explica, además, que después se estudió tender una tubería para conectar la red del pueblo con la de Aguas Municipales de Vitoria S.A. (Amvisa), pero el coste resultó disuasorio para los promotores. Y es que suponía que cada chalé tendría que elevar su precio en cerca de 50.000 euros.

Los concejos que rigen las pequeñas localidades, a la vista de los altos costes de infraestructura que tienen las urbanizaciones, obligan a que sean financiadas por las promotoras y no con cargo a los presupuestos de obra de los pueblos. Una solución de ese tipo acaba de ser pactada por la junta de Otazu con las empresas que van a levantar junto al pueblo 55 adosados y tres chalés. En este caso, la solución ha sido ampliar el enganche con la red de Amvisa, una obra de un coste mucho menor que la de Ullíbarri. Aún así, supondrá un coste de 9.000 euros por vivienda.

Los problemas originados por los elevados crecimientos urbanos de pequeñas localidades no se limitan a casos aislados. El presidente de la Asociación de Concejos de Álava (Acoa), Javier Argote, dice que "son frecuentes" y que "las soluciones tendrían que ponerlas desde un principio los ayuntamientos, en vez de calificar suelo sin verificar previamente si, cuando se edifique, va a disponer de los servicios esenciales".

A modo de ejemplo, Argote explica que en Manzados -la población en la que vive- la ampliación de la traída de aguas que requerían unos chalés se resolvió con una demanda entre los promotores y las instituciones para decidir quien debía pagarla. Al final, los promotores ganaron el pleito.