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El retraso en la ejecución de las obras de planes provinciales por las numerosas prórrogas concedidas por la Diputación fue la queja unánime del medio centenar de alcaldes socialistas que ayer participaron en la jornada de trabajo organizada para analizar la distribución inicial de los fondos para el bienio 2008-2009, en el que se invertirán 25,9 millones de euros.

Esta demora no sólo es achacable a las empresas, que en muchos casos apuran los plazos para solicitar la ampliación, sino a la "mala gestión" del equipo de Gobierno de la Diputación, según ha afirmado la portavoz del grupo socialista, Rosa Muñoz. Puso como ejemplo que "cuando estamos ya con el nuevo reparto, todavía hay alguna obra sin ejecutar del 2006, incluso del 2005, y desde luego muchas del 2007. Es más, las últimas contrataciones se hicieron el pasado diciembre, a punto de concluir el año". Los sucesivos incumplimientos de plazos hace que en algunos pueblos "sólo se haga una actuación en todo el mandato", ha indicado Muñoz, que ha pedido al equipo popular que "mire con lupa las solicitudes de prórroga, porque algunas están justificadas, pero otras muchas no. Hay que reducir plazos, porque la gestión está siendo muy lenta, e intentar que las empresas sean más responsables, y esa potestad sólo la tiene la Diputación".

Empresas pequeñas

El propio equipo de Gobierno ha reconocido la existencia de estos retrasos injustificados, que en muchos casos se deben a que las adjudicatarias son empresas pequeñas sin capacidad suficiente para asumir el volumen de obras que contratan en los plazos fijados.

En este sentido, el grupo popular decidió el año pasado sancionar y anular los contratos de dos empresas que tenían que haber realizado tres obras en la provincia y han pasado varios años sin que los trabajos estén rematados. En ese momento se ha anunciado que estos casos no van a ser los últimos, con el fin de evitar que se pierda la cofinanciación de la Junta de Castilla y León y de la Administración central para estas obras de equipamientos municipales básicos.

La única medida que se venía adoptando hasta ahora era la incautación de la garantía, que supone un porcentaje de entre el 2 y el 6 por ciento de la cuantía total de la obra, cuando la anulación del contrato era achacable a la adjudicataria. A finales del 2006, se enviaron cartas a medio centenar de empresas que se estaban retrasando en la ejecución de obras provinciales del 2004 y 2005 para exigirles que justifiquen la demora en las actuaciones, con plazos de entre seis y nueve meses.

Además de la sanción económica, los responsables de la Diputación anunciaron que vetará a estas empresas por un período, todavía por determinar, durante el cual no podrán presentarse a ninguna obra que licite la institución provincial.