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La Fiscalía de Valladolid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 la reapertura de las diligencias previas sobre el caso de la joven de 16 años que murió en diciembre del 2005 arrollada por un tren en Santovenia.

La adolescente falleció junto a las vías y, aunque fue atendida por los servicios de emergencias de Sacyl, las divergencias horarias del momento de la llegada de la ambulancia desde que se llamara al servicio 112 y de la hora de la muerte y atención médica desarrollada según la versión de testigos y de Sacyl, así como el presunto delito de falsedad documental, llevaron el caso a los juzgados denunciado por la madre de la víctima, Alicia Soladana.

El 26 de julio del 2006, el juez archivó las diligencias en un auto que rechazaba que pueda personarse la madre de la joven como acusación "por no ser parte perjudicada" y le indicaba, no obstante, que puede hacerlo como acción popular mediante querella y prestación de fianza.

A partir de aquí, Alicia Soladano recorre despachos, Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León, acude andando, sin necesidad de llegar, hasta la Moncloa para que revisen sus documentos y su caso, consigue documentación y se mueve en definitiva porque rechaza el informe presentado por la Junta ante "las incongruencias" que encuentra en la documentación. Ahora, ante la aparición de un nuevo informe forense, el Ministerio Fiscal ha pedido la reapertura de las investigaciones.

El documento del especialista en Medicina Legal y Forense, si bien establece que la gravedad de las lesiones sufridas por Alicia tras ser arrollada por un talgo "hacen imposible establecer que el retraso asistencial pudiera tener algún tipo de responsabilidad en el fallecimiento", destaca no obstante que, en cuanto a la actuación de las emergencias sanitarias a las que se accede a través del 112, "debo indicar que existen claras y evidentes incompatibilidades entre las declaraciones de los testigos y los profesionales sanitarios e, incluso, entre los propios informes de los mismos".

Estas consideraciones médico-legales analizan el dato concreto del electrocardiograma "supuestamente realizado a las 21.30 horas", cuando los testigos afirman en sus declaraciones oficiales que no había llegado todavía la ambulancia y además, recoge un "ritmo caótico" que no corresponde "al sinual a las 130 pulsaciones por minuto" que figura a dicha hora en la hoja clínica de la unidad de soporte vital avanzado que atendió a la víctima. Además, este informe médico señala "la existencia de una asistolia ventricular a las 21.38", una hora que aparece así pero modificada a mano en el escrito del facultativo, y, de nuevo, lo mismo a las 22.03 horas. Sin embargo, las frecuencias de registro del electrocardiograma no concuerdan en ningún momento e, incluso, a las 21.48 y a las 21.53 no había y las 21.58 era de 154.

Baile de horas

Las incongruencias temporales no se registran en la hora de llamada ni de salida de la ambulancia, sino en la de llegada y en la de la muerte. Mientras Sacyl señala, en su informe sobre los hechos, que la ambulancia llegó a las 21.32 horas al lugar del suceso, la versión de la familia y los testigos, en declaraciones ante la Guardia Civil, es muy diferente. Según sus testimonios, a las 21.30 horas, la ambulancia pasó de largo, pese a las indicaciones de la persona que había llamado al 112, en dirección a Cabezón de Pisuerga. Después, una furgoneta paró al percatarse de las señales de este testigo y siguió a la ambulancia para interceptarla y guiarla hasta la víctima. Llegó, "a las 21.50 horas", los otros testigos de la furgoneta indican las 21.47, el Registro Civil de Santovenia apunta como hora de la muerte las 21.30 pero las diligencias de la Guardia Civil indican que a las 22.03 horas el médico de urgencias certificó la muerte y el informe de Sacyl recoge que el servicio de atención sanitaria finaliza a las 22.48 horas.

Por lo tanto, la incongruencia de las horas de la ambulancia y del electrocardiograma, el que aparezcan sobreescritas y la incompatibilidad de actuaciones es lo que hace a los denunciantes apuntar una presunta falsificación de documentos. Además, según destaca la madre de la fallecida, la segunda llamada que hace la persona que avisó al 112 para indicarles que la ambulancia había pasado de largo, una hora que tiene que estar registrada, no figura en el informe de Sacyl.