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El I Foro sobre Dependencia de las comunidades autónomas que se celebró ayer en León reclamó un "pacto de Estado" para que la atención a las personas dependientes se realice en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y se garantice su financiación. A este foro asistieron representantes de las comunidades de Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP.

De la jornada de trabajo, las comunidades destacaron que, después de un año de aplicación de la Ley de Dependencia, "el desarrollo normativo es incompleto"; que el proceso y procedimiento establecidos en esta Ley desde la presentación de solicitudes hasta que el usuario recibe la prestación correspondiente es "largo y complicado" y, sobre todo, que la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades es, según expuso el consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, "insuficiente y no asegurada en el tiempo".

En este sentido, explicó que la atención residencial de una persona mayor dependiente tiene un coste medio mensual en España de 2.500 euros, de los que el usuario aporta el 20 por ciento (500 euros), las comunidades autónomas el 66 por ciento (1.694 euros), mientras que la Administración central aporta el 14 por ciento (306 euros). Todo ello, a pesar de que la ley establece que ambas administraciones, la central y la autonómica, deberían sufragar este coste a partes iguales.

Mientras, la procuradora socialista en las Cortes, Victorina Alonso, aseguró ayer que la Junta de Castilla y León "está boicoteando la aplicación de la Ley de la Dependencia en León, porque no se está poniendo en marcha" al ritmo que en otras provincias españolas, situación que afecta a toda la región. Alonso expuso que de las 6.246 solicitudes de ayuda que se han registrado en Castilla y León, "únicamente 612 han sido atendidas y todas ellas de casos de personas que permanecen en residencias".