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Un total de 46 intervenciones quirúrgicas y 345 consultas quedaron canceladas en Zamora a causa de la huelga de médicos de la semana pasada. El paro, convocado por CESM, obligó a suspender, además, 97 pruebas complementarias previstas durante los días 14 y 15, según datos dados a conocer ayer por el sindicato convocante de la medida de protesta.

El portavoz del comité de huelga, Tomás Toranzo, denunció «la ocultación de la realidad por parte de la Administración», que no quiere reconocer, según declaró, la importante repercusión de la huelga en esta comunidad. No obstante, Toranzo afirmó que el sindicato no quiere entrar en una guerra de cifras, porque lo importante es la repercusión en la sanidad, «y la huelga ha conseguido sus objetivos, porque se suspendieron 601 intervenciones y 5.041 consultas en toda la comunidad».

Tomás Toranzo, acompañado por otras miembros de CESM, recordó en rueda de prensa que la protesta de los médicos continúa hoy y mañana, se prolongará los días y durante la primera semana de marzo y podría ampliarse indefinidamente durante cinco días cada semana.

Los convocantes aseguran que tienen la «firme voluntad» de que la huelga termine «cuanto antes», pero no será desconvocada hasta que un alto representante de la Junta de Castilla y León negocie las reivindicaciones profesionales que exigen.

Este sindicato considera que no está pidiendo ningún privilegio, «sólo la identidad de la profesión», y opina que en los últimos diecinueve días la Junta de Castilla y León no ha hecho ninguna intención de negociar. Toranzo precisó que ha habido «reuniones de trámite», pero «no negociaciones» y que a ellas han asistido representantes de la Administración autonómica carentes de poder para tomar decisiones.

Los representantes de CESM consideran que el responsable de la situación causada por la huelga es en última instancia el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al que «le va salpicar» este panorama de protestas.

El portavoz del comité de huelga denunció además que los convocantes «han sido militarizados» por la Junta en cuanto a la designación de servicios mínimos, que considera excesivos.