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Cuando se produce una parada cardiaca fuera de un centro sanitario, la intervención inmediata de personas que aunque no son profesionales sanitarios tienen formación en la práctica de maniobras de resucitación cardiopulmonar puede marcar la diferencia no sólo entre la vida y la muerte sino en cuanto a secuelas se refiere. La aplicación de una desfibrilación precoz constituye un eslabón fundamental para mantener la cadena de supervivencia de quienes sufren la parada cardiaca hasta que llegan los equipos especializados de emergencias sanitarias del 112.

La Junta de Castilla y León ha regulado, mediante Decreto (Bocyl del 6 de febrero), los requisitos para la instalación de desfibriladores en centros no sanitarios y para obtener la formación necesaria para su utilización, por parte de personal no sanitario.

Desde entonces, 108 personas de toda la comunidad, sólo una de ellas de Valladolid, ha solicitado a la Consejería de Sanidad la autorización para el uso de desfibriladores externos semiautomáticos y entrar en el registro, una opción que es voluntaria, creado a tal efecto por la Administración regional.

Además, ha habido un total de siete solicitudes bien para instalarse o bien para regularizarse dado que las empresas que ya tenían implantado un aparato de estas características disponían de tres meses, desde la entrada en vigor del Decreto, para regularizar su situación conforme a las nuevas exigencias de la normativa regional. Ninguna de estas demandas se han registrado en Valladolid pese a que hay ya numerosos desfibriladores en diferentes puntos donde hay aglomeración de personas.

La regulación autonómica también establece la acreditación como centro para dar formación específica en el manejo de estos aparatos, dado que sólo personal con la misma puede utilizarlos en caso de un infarto. Hay seis empresas que hayan solicitado ser formadores, dos de ellas en Valladolid.