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La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León considera que los facultativos que percibieron incentivos por recetar genéricos en el 2007 no tienen razones para devolverlos porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anulaba la resolución que fijaba los objetivos para cobrar estas primas "no es retroactiva", y cuando salió el fallo judicial los médicos ya habían cobrado las primas. Unos premios que además "seguirán cobrando", según destaca el gerente de Sacyl, José Manuel Fontsaré.

En el 2007, Sanidad pagó 2,6 millones por tal concepto a 1.020 médicos de la región. En Palencia, Sacyl incentivó a 102 médicos de Atención Primaria, que suponen más del 35 por ciento de los que ejercen en la provincia, que cobraron 228.144 euros en total.

La respuesta de Uscal, sindicato que interpuso y ganó el contencioso, a la interpretación de la sentencia del TSJ por Sanidad no se ha hecho esperar. Esta central estima que si el fallo anula una resolución que definía los objetivos a cumplir, y en función de los cuales los afectados cobraron incentivos, "si no los devuelven, esto supone que lo han cobrado por nada, no existen, y, por lo tanto, los demás médicos de familia, pediatras y enfermeras que ejercen en Atención Primaria, tendrán derecho a una retribución igual, y les deben 2.600 euros a cada facultativo".

Dado que, en Castilla y León, hay 3.401 médicos de Primaria, la deuda ascendería a 6,1 millones para pagar iguales prestaciones a los 2.381 que no cobraron incentivos y el capital correspondiente al personal de enfermería, que es un número similar porque sólo lo perciben si cumple el médico con el que están en el cupo.

Fernando Gutiérrez Casas, presidente regional de Uscal, destaca que el sindicato y su gabinete jurídico analizarán esta situación y pedirán la ejecución de la sentencia conforme a los términos que estiman justos. También desde el sindicato rechazan que la sentencia, con argumentos claros en contra de estas primas, no afecte a futuros incentivos.

Además, este representante sindical considera que "de forma directa el uso de genéricos no supone un ahorro o contención del gasto porque los laboratorios han bajado los precios de marca, incluso por debajo de los genéricos en algunos casos, por cuestiones de competitividad de mercado, por lo tanto inciden en la factura porque provocan un descenso de precios pero no un ahorro en sí", aseguró ayer el representante de Uscal, el sindicato que promovió la demanda judicial.

Fernando Gutiérrez Casas destaca asimismo que la Administración regional lo que finalmente hace con estos criterios "es proteger la industria de genéricos" y que las "intenciones de la Administración regional son las de "puentear" al tribunal y seguir haciéndolo sin ningún pudor", según aseguró textualmente.