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Ya se han producido las primeras incineraciones. Servicios Funerarios de Miranda SL puso en marcha el pasado día 13 el primer horno crematorio de la ciudad. Habilitado en el tanatorio, en el barrio de El Crucero, esta nueva instalación, gestada en medio de la polémica vecinal, se construyó para cumplir, según ha defendido el Ayuntamiento y la propia gestora, con una exigencia muy concreta de la Junta de Castilla y León: la obligación de que los municipios con más de 20.000 habitantes cuenten con su servicio de cremación de cadáveres.

Servicios Funerarios de Miranda SL, explicó ayer a través de una nota que "la dotación de tal servicio, inexistente con anterioridad en nuestra ciudad, viene a suponer una mejora en las prestaciones funerarias". Se evita, así, el traslado a otras poblaciones "como hasta ahora venía sucediendo", precisan. La empresa, entre críticas de un sector de la Federación de Asociaciones de Vecinos y una plataforma ciudadana que fue perdiendo eco con el paso de los meses, ha defendido siempre que el desarrollo de esta infraestructura en ningún caso iba a reportar rentabilidad, más bien al contrario.

La incineración no es, de hecho, un rito muy demandado en la ciudad. Los datos de hace apenas tres años reflejaban que sólo un 6 por ciento de las personas fallecidas habían contratado este ceremonial. El enterramiento tradicional continúa siendo, por tanto, una opción masiva. Es más, fuentes consultadas por este periódico incidieron ayer en que apenas se espera "una incineración cada semana", lo que implica que ese índice bajo de demanda se mantiene. En ciudades próximas como Vitoria, el índice se sitúa ya en el 25 por ciento.

Pero la negativa de los vecinos de El Crucero se sustentaba no en el servicio en sí, sino en su emplazamiento. Desde el principio se negaron a que se ubicase en el tanatorio aduciendo que iba a tener "incidencias medioambientales" e incluso de carácter psicológico. Algo que Servicios Funerarios rechazó de plano. Los residentes de la zona proponían como alternativa el cementerio nuevo.

Pero el Ayuntamiento nunca llegó a valorar esta posibilidad. Siguió adelante con la tramitación para cumplir con lo establecido en el "Decreto de 16/05, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León"; el que obliga a la creación de este servicio "de forma privada o pública", según se precisó entonces desde el Consistorio.

El 29 de mayo, la comisión municipal informativa de Infraestructuras y Servicios Finalistas abrió la puerta a la construcción al autorizar que el solar rústico en el que se asienta tuviera ese uso excepcional atendiendo al criterio de "interés social". El sí a este controvertido proyecto se dio mientras un grupo de vecinos se oponía en la plaza de España. El testigo pasó entonces a la Comisión Provincial de Medio Ambiente.

Hasta ese momento, más de 800 vecinos habían firmado contra la instalación en una "batalla" en la que la empresa también opuso un listado de 1.674 firmas de apoyo al emplazamiento de la carretera de Orón. En la decisión del Ayuntamiento primó un criterio económico claro que el propio Fernando Campo puso sobre la mesa en el pleno de febrero. Los costes de instalación, mantenimiento y explotación corren a cargo del propietario del tanatorio. "Con lo cual, existe un ahorro muy importante para el Ayuntamiento y sus ciudadanos", aseguró.

Los vecinos, con la hoy concejala del PP Pilar Morcillo llevaron el tema por vía contencioso-administrativa, centrando su requerimiento, fundamentalmente, en el suelo. "Es rústico protegido según el Plan General de Ordenación Urbana, y además tampoco tiene los metros que contempla esa misma legislación. Marca como necesarios 20.000 metros cuadrados y la parcela del tanatorio tiene sólo 9.122", explicó la entonces presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos. El proceso continúa en los tribunales.

Lo sucedido en Miranda tiene un cierto reflejo a escasos 80 kilómetros. La construcción del primer horno crematorio de Bilbao lastraba también una larga polémica de protestas vecinales. Allí el Consistorio denegó permisos a Funeraria Bilbaína, amparándose en el Decreto de 1974 sobre Policía Sanitaria Mortuoria, que establece que los nuevos cementerios tienen que guardar una distancia mínima de 500 metros respecto de zonas pobladas.

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de enero de este año aseguraba que no cabía aplicar a los crematorios ese reglamento. Funeraria Bilbaína trabaja ya en la construcción de esta instalación en la Plaza del Gas; un servicio que pretende poner en marcha en octubre.