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El abogado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Francisco Llanos, cree que la reclamación penal contra los gestores de la empresa Riverduero, en prisión desde hace seis días, se prolongará más de tres años si el procedimiento llega finalmente a la Audiencia Nacional, tras inhibirse la jueza de Instrucción número 3 Valladolid, Carmen Cimas. El letrado participó ayer en una asamblea informativa con un grupo de clientes que han visto cómo su dinero depositado, en algunos casos sumas de más de 1,8 millones de euros, se han disipado.

Llanos, que figura también personado en los casos de Gescartera y Fórum-Afinsa, consideró que aunque esta presunta estafa «tiene tintes diferentes» a los anteriores, la investigación en la Audiencia Nacional se prolongaría años ya que existen otros afectados en varias provincias de España y el órgano judicial central se encuentra saturado.

Durante la asamblea, el letrado de Adicae indicó que esta asociación se había personado ya en el juzgado de Valladolid y estaba pendiente de analizar toda la documentación obtenida por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que ha practicado registros en las oficinas de Valladolid y Sevilla. Ante los rostros sorprendidos de algunos de los clientes de Riverduero, Francisco Llanos explicó las «pocas posibilidades de recuperar parte de las inversiones realizadas ya que el patrimonio de la entidad es prácticamente nulo». Al respecto indicó que de la información contable de que dispone la asociación de consumidores, Riverduero reconocía un pasivo de 3,8 millones de euros a finales del 2006.

Sin embargo, alguno de los clientes que acudieron ayer a la asamblea de Valladolid consideró «baja» la cantidad de 25 millones de euros lo defraudado por la entidad gestora de fondos, una cifra en la que la Policía incluye los intereses y el capital.

Los responsables de Adicae en Valladolid ofrecieron los servicios de asesoría jurídica a los afectados para poder hacer frente a la futura reclamación. Otra de las posibilidades que se estudia es solicitud de la declaración de concurso en el Registro Mercantil para tratar de recuperar fondos.

La Junta comunicó ayer al letrado Francisco Llanos que «sólo apoyará a las asociaciones de consumidores ya establecidas» para evitar polémicas como las que están teniendo lugar entre los antiguos clientes de Fórum y Afinsa, cuyas diferencias han llegado incluso a los juzgados. El Ejecutivo regional ha concedido en los casi dos años de funcionamiento de la asociación Afacyl unos 150.000 euros de ayudas para la reclamación en los tribunales, «pero no como compensación al dinero perdido».