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La Audiencia Nacional ha condenado a veinte años de prisión a Arnaldo Orta Luzardo, "Álex", por idear y ordenar en noviembre del 2000 el secuestro en Tiflis, capital de Georgia, del joyero vallisoletano José Antonio Tremiño Gómez y Francisco Rodríguez Cabal, que permanecieron en cautiverio 373 días.

La sentencia explica que los secuestros han de considerarse delitos de terrorismo porque la acción fue ejecutada por "un grupo criminal estructurado, organizado y con una permanencia en el tiempo", que estaba "perfectamente armado" y que llevaba a cabo "de modo indiscriminado una variada gama de actividades delictivas". De hecho, los policías y militares georgianos que integraban la banda fueron condenados en el 2005 por estos mismos hechos.

En el juicio, Tremiño relató las "tremendas vicisitudes y vejaciones" que tuvo que sufrir durante su cautiverio, mientras que sus familiares y los de Rodríguez Cabal dieron cuenta de las gestiones que realizaron para pagar los rescates. "Álex", que fue localizado en abril del 2006 en Las Vegas y extraditado luego a España, se presentó ante el tribunal como un mero intermediario entre las partes.

El fallo, sin embargo, considera probado que "Álex", "de acuerdo con un grupo terrorista, ideó un plan para que, aprovechando su estancia en aquella localidad, fueran capturados y les mantuvieran retenidos hasta obtener una gran cantidad de dinero

A tal fin, alojó a los dos empresarios en un hotel y ordenó a un "grupo de terroristas" que les interceptaran a su marcha el 30 de noviembre, cuando se dirigían al aeropuerto. Los dos hombres fueron encerrados y vivieron entre sus "propios excrementos y rodeados de chinches, garrapatas y ratas" hasta el 8 de noviembre del 2001, en que fueron puestos en libertad después de que sus familias pagaran el mencionado rescate.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que aplica la pena correspondiente a dos delitos de secuestro terrorista, obliga a Orta a indemnizar con 750.000 euros a Tremiño y a los herederos de Rodríguez Cabal -ya fallecido-, respectivamente, por las secuelas que les dejó el secuestro y los rescates de 550.000 dólares que abonaron sus familias. El fiscal Ignacio Gordillo había solicitado 30 años de prisión e indemnizaciones de dos millones de dólares por el rescate y un millón de euros para cada uno de ellos por las secuelas.