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La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende, en un escrito remitido ayer a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de este órgano, la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se absolvió al miembro de los Grapo Marcos Martín Ponce de la muerte del policía vallisoletano Francisco Javier Sanz en noviembre del 2000.

El alto tribunal anuló la condena a 30 años que había sido dictada previamente por la Audiencia Nacional debido a que la única testigo presencial del asesinato que reconoció como autor al terrorista no compareció en el juicio. El Ministerio Público argumenta en el documento que la familia de la víctima se constituyó en la apertura de la causa contra Martín Ponce como acusación particular y, a pesar de ello, «no ha recibido ninguna información del proceso, ni se les ha trasladado ninguna notificación sobre el curso del procedimiento».

En opinión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que firma el documento, este hecho evidencia que se produjo durante el procedimiento «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva». Este hecho impidió a la familia ejercer sus funciones en la causa y presentar calificación provisional del delitos cometido por el miembro de los Grapo, solicitar pruebas e, incluso, asistir al juicio celebrado en la Audiencia Nacional, que condenó a Martín Ponce a 30 años de prisión como autor material.

Fuentes jurídicas señalaron que la Sala de lo Penal tiene previsto resolver hoy mismo la petición del fiscal para hacer llegar a los familiares del policía asesinado la sentencia del Tribunal Supremo para que su representación letrada pueda estudiarla e iniciar los trámites de petición de nulidad ante el Tribunal Supremo, si así lo desean.

Para el fiscal resulta «obvio» que este quebrantamiento es motivo suficiente para promover «causa de nulidad» con objeto de retrotraer las actuaciones al momento de la calificación del delito y repetir así el juicio contra Martín Ponce, en esta ocasión, contando con la presencia de la testigo protegida.

De repartirse la vista, el sospechoso podrá contar con la asistencia del mismo letrado que le defendió en el juicio por asesinato después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara ayer el recurso de apelación formulado por el presunto grapo Juan Manuel Olarrieta, detenido en enero y abogado en su día de Marcos Martín Ponde, y acordara sustituir la medida cautelar de prisión que pesaba sobre él por la de libertad, una vez satisfaga el pago de 12.000 euros de fianza. El auto añade que, en caso de abonar dicha suma y salir de prisión, Olarrieta deberá personarse cada semana en el juzgado de turno.

Por su parte, el alcalde de La Cistérniga, Dionisio García, animó ayer a todos sus homólogos en la provincia a realizar una recogida de firmas en sus respectivos municipios para apoyar la reapertura del juicio contra el terrorista. Con este motivo, el regidor envió un escrito a los restantes alcaldes, acompañado de un impreso para explicar la situación y reclamar apoyo para la citada iniciativa.