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Hace unos meses denunciaban que el Ministerio de Defensa no les había pagado el montante total de justiprecio acordado por la expropiación de 303 fincas utilizadas para ampliar el aeropuerto de León. Ahora estos ya ex propietarios han vuelto a interponer reclamaciones, inicialmente administrativas, y ante el Defensor del Pueblo, porque al comprobar en el Catastro la situación del resto de sus fincas, que presuntamente no habían sido utilizadas para ampliar las pistas, se encontraron que todo el terreno estaba bajo la titularidad del Ministerio de Defensa. La ampliación del aeródromo de la Virgen del Camino se ha hecho, por lo tanto, con el terreno pactado y expropiado en marzo del 2007, a 3,6 euros por metro cuadrado; pero también, según estas reclamaciones, con muchos otros metros, "al menos cuatro mil", que no han sido pactados ni pagados pero "sí requisados por Defensa y es algo que muchos propietarios han descubierto al acudir al Catastro, donde se les ha indicado que ya no hay nada bajo su titularidad y que todos sus terrenos están a nombre de Defensa", explica el portavoz de uno de los afectados, Marceliano Cadenas Fernández.

Aunque es difícil de calcular el terreno que a mayores ha sido requisado porque muchos afectados no han ido a comprobar cómo está la titularidad de sus terrenos en el Catastro dando por hecho que sólo se les ha expropiado parte de la finca y no el completo, los afectados que sí lo han hecho, estiman que suman al menos cuatro mil metros.

Los terrenos afectados por la ampliación del aeropuerto leonés pertenecían a 303 propietarios de fincas de San Andrés de Rabanedo y Trobajo del Camino.

Los ex propietarios de estos terrenos denuncian asimismo tanto ante el Defensor del Pueblo, que ha admitido a trámite la reclamación, como ante el Ministerio de Defensa, a los titulares del mismo, y a la Dirección General de Infraestructuras, que consideran vulnerada la Ley de Protección de Datos al no haber autorizado a que la empresa Getinsa hiciera uso de los datos. Y es que la misma se ha encargado de la gestión de las expropiaciones. Los afectados denuncian que Getinsa se ha hecho pasar por el Ministerio de defensa y no ha atendido además las reclamaciones de los ex propietarios que se han puesto en contacto con la misma. La falta de respuesta administrativa en este y en otros asuntos ha creado a los afectados además una "clara situación de indefensión". "Nunca hemos autorizado ni facilitado a la empresa Getinsa unos datos que han de ser respetados y reservados por ley", recoge el escrito de Marceliano Cadenas dirigido a la titular de Defensa, Carme Chacón. Asimismo, destaca en dicha reclamación que la única respuesta recibida por la Administración central es un acuse de recibo del "Asunto", como tal denominado en la respuesta pero sin contenido ni referencia alguna a los detalles de la reclamación.

El denunciante cuestiona además que lo firme un coronel auditor sin indicar que lo hace por delegación, dado que el escrito está dirigido al Ministerio de Defensa.

El aeródromo de la Virgen del Camino cuenta desde el pasado mes de diciembre -en que fue inaugurada la citada ampliación- con una pista que pasó de sus 2.100 metros a alcanzar una longitud total de 3.000 metros, que permite la conexión aérea directa entre León y gran parte de Europa.

Acordado en la mayoría de los casos el precio de expropiación en 3,6 euros por metros cuadrado entre los días 26 y 30 de marzo del 2007 y pese a que la Administración central les había anunciado el cobro de su capital en un tiempo no superior al mes, estos propietarios no recibieron capital alguno hasta pasado casi un año y, sin embargo, desde el pasado mes de agosto, figura en el Catastro el Ministerio de Defensa como propietario de dichos terrenos que suman unos 380.000 metros cuadrados de terreno expropiado.

Ante el retraso de más de diez meses y la deuda que supera los tres millones de euros emprendieron las primeras reclamaciones administrativas y ante, en este caso, el procurador del común. Ahora no sólo luchan por los intereses de demora, que suponen un 7,40 por ciento sobre los tres millones de euros acordados en el contrato de expropiación.

Asimismo, los interesados reclaman, respecto a los pagos con un justiprecio acordado y correspondientes a los terrenos que figuran en contrato, los intereses de demora.