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El ministro Pedro Solbes abre hoy la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica con todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra que tienen concierto económico propio con el Estado, en una empresa que se antoja complicada.

El vicepresidente económico de José Luis Rodríguez Zapatero se encontrará con dos frentes diferentes a los habituales. Las comunidades pasarán por alto sus colores políticos y se alinearán en función de sus intereses económicos. Por un lado, los territorios con menos población y más dispersa y menor actividad económica, bando en el que Castilla y León reparte juego con Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. En el otro bando, las regiones que defienden el peso del número de los habitantes y la recaudación de impuestos estatales en cada territorio para el reparto de los fondos, caso de Cataluña, Valencia y Madrid. Anticipándose al resultado, la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, anunció ayer que si hoy se vota en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta de Solbes la Comunidad se opondrá.

Todo proceso negociador que implica un cambio parte de una base sobre la que se hace una propuesta. La base es el modelo vigente, aprobado en el 2001 con un Gobierno de José María Aznar, que supuso la cesión a las comunidades autónomas del 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza. La propuesta de partida la presentó la semana pasada el vicepresidente Pedro Solbes. El Ejecutivo de Zapatero pone sobre la mesa del debate que inicia hoy incrementar este porcentaje de participación en la recaudación de la "cesta de impuestos" hasta llegar al 50 por ciento. Una propuesta que, en principio, no contenta a casi nadie. Para las comunidades del arco Mediterráneo y Madrid, las de mayor tirón demográfico y económico, se queda corta. Las que compiten en el mismo equipo que Castilla y León, que recaudan menos, la consideran perjudicial para sus ciudadanos. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la calificó de "trampa, porque si el Estado pierde capacidad recaudadora, pierde también la posibilidad de distribuir esos impuestos". Algo que el secretario de los socialistas extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha expresado: "Esa cesión del 50 por ciento de los impuestos nos llevará a la del 100 por ciento y ya no seremos mitad españoles, simplemente no seremos".

"Dar servicios en áreas extensas y con altos niveles de dispersión de la población cuesta más". Ese será el principio que defenderá la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la negociación. La representante autonómica llevará en la cartera un estudio de la Universidad de Valladolid que aclara con fórmulas técnicas porqué es más cara la educación y la sanidad cuando hay que llevar instalaciones y profesionales a 2.248 municipios castellanos y leoneses que a comunidades más urbanas. Del Olmo participará el 1 de agosto en un seminario sobre financiación autonómica en Asturias, con Galicia, Cantabria, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde se afianzará el frente común de las demandas de aquellas comunidades con territorios extensos o montañosos, y poblaciones rurales y envejecidas. El factor territorio frente al factor población.

La coincidencia de la publicación de las balanzas fiscales (la diferencia entre lo que aportan en recaudación de impuestos las comunidades y lo que reciben del Estado) argumento al que se agarran las autonomías más desarrolladas para reclamar que prime la población no ha gustado ni a Castilla y León ni a las comunidades que comparten sus argumentos. "No se puede hablar de territorios. Hay que hablar de ciudadanos con derecho a acceder en igualdad a los servicios vivan donde vivan. A nadie se le pasa por la cabeza que una persona que paga más impuestos porque tiene más ingresos reciba mejores servicios públicos que el que paga menos. Si eso se hace con las autonomías y se da más al que más ingresos recauda, se vulnera la esencia del Estado de Derecho", ha precisado la consejera de Hacienda de Castilla y León, que considera "perverso" echar mano de las balanzas fiscales para fijar los criterios de la financiación autonómica.

Pactar una distribución de dinero entre quince partes con intereses contrapuestos es siempre difícil, pero más aún si se han dejado pasar cuatro años de bonanza económica en la anterior legislatura y se inicia la negociación en medio de una recesión económica que se traduce en menos recaudación de impuestos y menos dinero para repartir entre esas partes implicadas. A la presión del escenario económico se añaden los plazos marcados en La Moncloa, que instan a Solbes a lograr un acuerdo antes de final de año, ya que tiene que exponer el nuevo plan del 2009 antes de esa fecha.