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El fiscal de la Audiencia Provincial de Valladolid ha remitido al Juzgado Decano la denuncia presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valladolid por las alteraciones detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2003, según informó el concejal del PSOE Óscar Puente.

El Ministerio Fiscal trasladó el pasado 14 de julio al Juzgado un escrito para que tuviese conocimiento de la denuncia presentada por el grupo presidido por Puente, el día 7, en relación a las alteraciones sufridas por el PGOU entre el documento aprobado por el pleno del Ayuntamiento, a finales del año 2003, y el que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero del 2004.

Estos cambios en el Plan General, según subraya el Partido Socialista, suponen importantes cambios de edificabilidad, mayores facilidades para descatalogar edificios, la autorización para levantar viviendas en suelo rústico y otras estipulaciones que han permitido dar vía libre a proyectos urbanísticos, que de haberse respetado el texto original no podrían haber salido adelante.

Entre las diligencias previas a las que insta el Fiscal está la de tomar declaración como imputado al que fue concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid en el año 2003, José Antonio García de Coca. El Ministerio Público solicita poder recabar testimonio al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y al consejero de Fomento, Antonio Silván. Además, insta en su escrito a averiguar qué personas se han aprovechado de las variaciones realizadas en el texto del Plan General y cómo lo han hecho. Y con este objetivo, pide que la Policía Judicial tenga acceso a toda la documentación que la investigación requiera.

En total, el documento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial recoge un total de 25 modificaciones en el PGOU de las 75 denunciadas por el Grupo Socialista. Concretamente, el escrito presentado al Juzgado detalla 4 alteraciones de planos de un total de 5 denunciadas. Mientras que en el caso de los artículos, se reflejan 21 de las 67 cambios señalados por los socialistas.

El Ayuntamiento de Valladolid aprobó provisionalmente la modificación del PGOU de la ciudad en marzo del 2003 para adaptarlo a la Ley de Urbanismo de Castilla y León. La Consejería de Fomento, a dónde fue remitido el nuevo documento para su aprobación definitiva, devolvió, en julio de ese mismo año, al Ayuntamiento el Plan General para la subsanación de ciertas deficiencias. Una vez subsanadas las deficiencias indicadas por la Consejería, el Concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, pide a la administración regional la aprobación definitiva, ya en agosto del 2003.

Y el 18 de agosto, el consejero de Fomento acuerda la aprobación definitiva de la modificación del PGOU de la ciudad de Valladolid pero suspendiendo sus efectos hasta que el Ayuntamiento integrase en un documento las correcciones realizadas por el Ayuntamiento a las que le instó la Consejería de Fomento para que procediera a su aprobación.

A partir de ese momento, y según refleja el documento de la Fiscalía, fue el concejal de Urbanismo el que se ocupó de elaborar un texto refundido que integrara lo que debía ser mantenido y lo que habría de ser corregido del PGOU.

Y el documento del Ministerio Fiscal continua diciendo que desde el día 26 de septiembre y hasta el 15 de diciembre del 2003 el Concejal de Urbanismo "sólo o de acuerdo con otras personas no determinadas hasta el momento, realizó en el texto de la modificación del PGOU variaciones sustanciales en las posibilidades de desarrollo urbanístico de determinados suelos y obtención de licencias para determinados proyectos, que no eran las exigidas en la Orden del Consejero de Fomento, con beneficio económico para algunas personas y en perjuicio del Ayuntamiento". El texto señala también que "las fechas de estas alteraciones constan en los ordenadores del propio Ayuntamiento, y algunas de las más importantes fueron realizadas el 13 de noviembre del 2003".

Por su parte, Óscar Puente, presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, calificó en la rueda de prensa, en la que presentó el documento de la Fiscalía, de "obligación cívica" la decisión de acudir a la vía penal puesto que era la única que le quedaba a su partido ante las negativas "de abrir una comisión de investigación por parte del Ayuntamiento y de realizar una revisión del texto en el caso de la Junta".

Para Puente, que el Fiscal piense que "ha habido hechos graves e iniciarios de delito" supone que su partido "no decía ninguna tontería" sobre el asunto de las alteraciones en el texto del PGOU. Y espera que "la justicia esclarezca los hechos y asigne las responsabilidades que procedan".