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Ecologistas en Acción y vecinos de San Román de Hornija denunciaron ayer que setenta hectáreas de pinares han quedado listos para ser talados con la única intención de extraer los áridos que se encuentran en la zona.

A pesar de que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia fechada en abril de este año que exige la paralización forzosa de todo el proyecto hasta que se resuelva el conflicto vía contencioso, los afectados aseguran que el Ayuntamiento ha emitido un informe mediante el que se desbloquea la modificación puntual de las normas urbanísticas del municipio propuesta por la empresa Artrasa S. L. «y cuyo objetivo es desproteger los pinares comprados por esta firma así como otros adyacentes para ser expropiados por la mercantil y proceder a la extracción de áridos».

Asimismo recalcan que la Junta de Castilla y León «también ha mirado para otro lado» después de que la Comisión Territorial de Urbanismo diera el visto bueno a la operación el pasado 4 de septiembre.

Según Gonzalo Herrero, uno de los vecinos afectados por tener una propiedad que no quiere vender para tal uso, «la Declaración de Impacto Ambiental es positiva puesto que se escuda en un informe de un técnico de minas que tuvo la feliz idea de decir que los pinares tenían comprometida su persistencia, a lo que nosotros respondemos que el único problema que tienen los pinos de San Román de Hornija es que tienen dinero debajo».

En estos momentos la tala de árboles continúa en el municipio sin que el Seprona, «pese a tener constancia y estar informada de la paralización forzosa de la actividad», lo impida. Según los datos aportados ayer por Gonzalo Herrero, el proyecto de extracción de áridos contempla 130 hectáreas en las que actuar en veintisiete años, de las que noventa son pinares. Veinte de estas últimas ya han sido taladas desde el 2002.

«Es curioso que mande más una empresa que los tribunales, porque debemos recordar que la empresa no tiene ningún derecho de extracción de áridos ni de tala de árboles en estos momentos, puesto que de los dos derechos de extracción que tiene uno está en recurso de alzada y por lo tanto no puede actuar y el otro está paralizado por la sentencia del TSJ», explica Gonzalo Herrero. Los ecologistas advierten de la gravedad del asunto e indican que la operación podría estar dando origen a delitos penales.