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Riverduero, la sociedad vallisoletana de inversión de capitales cuyos dos directivos y máximos accionistas se encuentran en prisión como presuntos autores de varios delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental, declaró tener unos beneficios netos de 2.561 euros en el año 2006 pese a que el informe de la Policía ha cifrado en cerca de 25 millones de euros el desfalco en esta sociedad a medio millar de sus clientes en provincias como Valladolid, Sevilla, Madrid, Palencia y Galicia.

Según el balance de esta empresa presentado al Registro Mercantil el 3 de julio del 2007, los beneficios antes de impuestos declarados por Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversiones S. A. alcanzaban los 3.658 euros que después de pagar el tributo de sociedades se quedaron en 2.561 euros correspondientes al ejercicio del 2006.

Esta cifra es considerada por expertos fiscales consultados por este diario como "aparente e impropia de una sociedad que decía manejar millones de euros durante años". Las cuentas anuales fueron presentadas en el Registro Mercantil de Valladolid por el presidente de la sociedad, Joaquín Martín-Calero y el secretario, Luis Bouza Paz, ambos en prisión desde el domingo 17 de febrero.

Otro de los detalles que se detectan en los balances correpondientes a los años 2004, 2005 y 2006 es que los depósitos de los clientes nunca superaron los 4,5 millones de euros, un dato que cuestionaría la cifra dada por la Policía, o que los administradores no reflejaban en la contabilidad el cien por cien de las operaciones realizadas. Según un analista fiscal consultado, los balances presentados en el Registro "podrían estar maquillados ya que no reflejan una situación de quiebra societaria tal como recoge la partida del neto patrimonial".

De la documentación aportada, los expertos consideran que los documentos del Registro recogían errores, cambios de casillas y aplicaciones en amortizaciones, lo cual supone o una desidia o un cumplimiento formal y oficial de la obligación de los gestores.

Uno de los clientes más próximos a los directivos recordó que Riverduero carecía de patrimonio inmobiliario pese a que ha llegado a declarar ingresos cercanos al millón de euros anuales en ejercicios como el del 2006.

"Las oficinas de la plaza Mayor y calle Santiago estaban alquiladas", recuerda este profesional que ha perdido su dinero, y que insiste en que Riverduero "no llevaba" una contabilidad oficial normalizada.

"Fue hace meses cuando les pedimos un balance oficial cuando nos dimos cuenta de que todos los clientes tenían una cuenta común. No existía una contabilidad individualizada de cada uno de los inversores. No había apuntes y los intereses se ponían a ojo", señaló este inversor, que depositó su dinero durante años en la confianza de los administradores ahora encarcelados.

Para este cliente, los dos directivos de Valladolid "eran conscientes de la estafa desde hace años, y ya no se molestaban siquiera en llevar la contabilidad".

Por otra parte, el Colegio de Abogados de Valladolid informó ayer que ha organizado un Servicio de Orientación Jurídica con carácter voluntario y provisional para aquellos afectados de Riverduero que lo soliciten. Este servicio será prestado gratuitamente por abogados que se ofrezcan.