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La aparente relajación -la consejería de Sanidad aún no ha aportado datos al respecto- con la que la Junta de Castilla y León se ha tomado la aplicación de la conocida como ley antitabaco ha tenido sus primeras repercusiones. El Gobierno de la nación -que ha recurrido el decreto con el que la Junta regulaba la materia, por entender que su desarrollo es contrario a la ley- no ha incluido a Castilla y León entre las comunidades que recibirán fondos para poner en marcha políticas de prevención y cohesión del sistema sanitario en el ámbito del tabaquismo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron ayer que esta circunstancia se produce «por cuestiones estrictamente técnicas» y suponen un revés económico para las comunidades más críticas con la ley aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que entró en vigor desde el 1 de enero del 2006. Precisamente el año pasado, Castilla y León recibió 849.280 euros dentro de esta línea de ayudas, que destinó 14 millones de euros en el conjunto del país.

La región castellana y leonesa fue la quinta en la cantidad de fondos recibidos, por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Estas subvenciones iban dirigidas a la aplicación de programas para dejar el tabaco o para potenciar los mecanismos de vigilancia, inspección y control de los espacios sin humo dentro de centros laborales y hosteleros.

La Consejería de Sanidad evitó ayer hacer cualquier tipo de valoración con respecto a esta decisión gubernamental «hasta que recibamos una comunicación oficial». Por la mañana, fuentes del ministerio explicaron que las comunidades que han quedado este año fuera de las ayudas son aquellas que han desarrollado una reglamentación «contraria a los objetivos de la ley». Esta apreciación no es nueva, puesto que el propio Gobierno ha llevado ante los tribunales, y por esta misma cuestión, el decreto de la Junta, por entender que las modificaciones que promueve la normativa regional contravienen el espíritu de la normativa estatal.

La situación afecta no sólo a Castilla y León, sino a las comunidades que también han elaborado normativas específicas al respecto, con criterios distintos a los defendidos por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. De este modo, quedan fuera de las ayudas la Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) y Baleares, en la actualidad con gobierno socialista.

Fuentes gubernamentales añadieron que el espíritu de la ley nacional es «defender a los no fumadores dentro de los espacios públicos» algo que, a su juicio, no se produce de acuerdo con las apreciaciones que defiende la Junta y que, por ejemplo, suavizan las obligaciones de los hosteleros respecto a la separación de los espacios libres de humo.

El decreto autonómico no obliga, entre otras cuestiones, a que exista una separación física (con el empleo de muros, por ejemplo) y establece, en su artículo 6, que «la compartimentación entre ambas zonas se realizará con cualquier elemento que garantice que el espacio destinado a no fumadores permanezca libre de humos». Añade además que estas zonas habilitadas para fumar «deberán disponer de sistemas de ventilación adecuados que eviten que el humo del tabaco se desplace a las zonas en las que está prohibido el consumo de tabaco».

La Junta de Castilla y León siguió sin aportar ayer los datos correspondientes a las inspecciones iniciadas durante estos últimos meses desde su departamento y tampoco ofreció información sobre los expedientes iniciados ni las sanciones fijadas. En enero -mes al que corresponden los datos más recientes, con el cumplimiento de un año del texto en vigor- se habían recogido 28 sanciones en Valladolid, aunque ninguna de ellas había desembocado aún en multa.

El principado de Asturias reconoció a principios de este mes que no realiza inspecciones de oficio ya que dispone de un solo inspector para controlar ocho mil locales de hostelería, de modo que se dedica únicamente a las denuncias que presentan los clientes sobre el incumplimiento de la ley.