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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reclamado al Gobierno central un aumento de la financiación destinada a los servicios sociales en general, y a las ayudas de la Ley de Dependencia, en particular. El máximo responsable de este departamento en Castilla y León, César Antón, destaca en cuanto a la aplicación de la nueva legislación para atender a las personas incapacitadas que habrá "serias carencias" para este ejercicio debido a la baja aportación estatal para su implantación y desarrollo. Aunque la inversión estatal destinada a la comunidad crece en su total, para este año habrá 20,02 millones de euros frente a los 17,8 del 2007, el incremento no permite dar cobertura a un mayor aumento de dependientes. Mientras en el pasado ejercicio tenían derecho a prestaciones los grandes dependientes -los cuantificados como Grado III, nivel 1 y 2-, cerca de 16.000 personas en Castilla y León; en el presente año, otras 12.000 personas se sumarán como beneficiarios dado que la cobertura asistencial se abre a los dependientes severos, los de Grado II, nivel II. Esto supone que, por persona, baja la financiación del Gobierno central dado que "con sólo 2,4 millones de euros más pretenden que atendamos a 12.000 usuarios nuevos cuando con 17,8 millones se cubría la parte estatal de casi 16.000", destaca el consejero César Antón.

El consejero de Familia y máximo responsable de los Servicios Sociales regionales participó ayer en Madrid en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en un nuevo Consejo Territorial de atención a la Dependencia que reunió a la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, con los responsables de del sector de las comunidades. En este encuentro, tanto las autonomías gobernadas por el PSOE como por el PP rechazaron la propuesta financiera ministerial y exigieron más dinero para poder sostener el nuevo sistema de prestaciones a la dependencia. La crítica fue unánime y también la valoración positiva, no obstante, en cuanto a la necesidad de evaluar la situación de la aplicación de esta regulación estatal. "Un momento para la reflexión que era todo un clamor por parte de Castilla y León, y de otras comunidades", destacó Antón. "La valoración de la reflexión para analizar el desarrollo normativo, una aplicación ágil de los procedimientos, analizar los sistemas de información, la transparencia, la equidad... es el momento y pedí a la ministra que estableciéramos el modo, acuerdo, convenio... para que no se quede en pura filosofía sino que se desarrolle", señaló el consejero de Familia.

Antón explica que de un total de 871 millones de euros correspondientes al nivel acordado, cofinanciado entre el Estado y las comunidades autónomas, ayer el consejo territorial repartió 241 millones de euros, de los que a Castilla y León le corresponden 20,2 millones de euros; pero nada se concretó del nivel mínimo. Antón se preguntó sobre a dónde va a ir a parar el resto y sospecha que "los acuerdos bilaterales" tienen la explicación. En este sentido, exigió "equidad y transparencia" para que el Gobierno informe sobre los 620 millones restantes y dé a conocer cuánto corresponde a las comunidades y con qué concretos criterios se va a distribuir este capital. Señaló que "tal vez el nivel mínimo pueda compensar la escasez de financiación" pero señaló que ayer no hubo manera de conocer su reparto.

"Volvemos con menos dinero a Castilla y León", insistió el consejero que no sólo reclamó más financiación "sino garantías de consolidación y continuidad en el tiempo". Explicó así que, en cuanto a políticas sociales generales, la comunidad ha perdido seis millones de euros dado que el Gobierno central "ha congelado los créditos para programas como el de salud de la etnia gitana, protección de menores, infancia..." y, además, el Plan Nacional Gerontológico, que promociona la creación de plazas en centros residenciales, "ha desaparecido". "Intentaremos que ningún proyecto de nuevas plazas se frene, algunos se hacen en varias anualidades y ya están en marcha", destacó. Así, detalló Antón, que mientras a estas políticas, en el 2007, el Ministerio destinó 15,61 millones de euros, este año ha bajado a 9,52. La ministra, asegura el consejero de Familia, "no respondió en realidad a la justificación de estos recortes, solamente aludió a prioridades". El consejero Antón teme que pueda deberse a un desvío de este capital para financiar la Ley de Dependencia pero en una suma de los programas sociales y de lo destinado a la aplicación de esta ley, que ha crecido, la pérdida global sigue siendo para la comunidad de más de cuatro millones de euros. Además, la sesión se cerró sin la posibilidad de analizar, dado que quedó finalmente fuera del orden del día, la negociación de la capacidad económica de los usuarios, es decir, el copago, y la acreditación de centros.

En Castilla y León, de las 33.977 solicitudes presentadas, a fecha del pasado día 10, 33.702 ya han sido revisadas y son 31.869 las personas que o ya han sido valoradas o están en plena tramitación.

En Valladolid, son 2.509 las personas que tienen reconocida su situación de dependencia. De ellas, 1.938, es decir al 77,24 por ciento, tienen derecho actualmente a servicios o prestaciones de esta nueva normativa estatal, es decir, son grandes dependientes o severos (Grado III Nivel 1 y 2 o Grado II Nivel 2). A los 571 demandantes restantes no les corresponde este año percibir ayudas pero pueden ser beneficiarios en los próximos ejercicios, según establece esta legislación, de servicios o prestaciones económicas. Hasta ahora lo más frecuente es optar por una residencia y, en segundo lugar, por las ayudas económicas.

Así, concretamente de los 1.938 usuarios del sistema social público a los que les corresponde en la actualidad percibir servicios y prestaciones, hay 887 que ya las están recibiendo; 602 (67,87 por ciento) que han elegido permanecer en el centro residencial en el que ya estaban atendidos por los Servicios Sociales tradicionales y159 son beneficiarios de la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. Además, hay 126 personas que han elegido la prestación económica para cuidados dentro de la propia familia y 1.051 están eligiendo las ayudas según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica.