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Llovía sobre mojado. Poco le importó a J. P. C., empresario segoviano de 30 años, estar bajo sospecha y vigilado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este promotor, dedicado a la construcción, fue detenido por la Guardia Civil la semana pasada por un supuesto delito de falsificación de contratos de trabajo para inmigrantes. Sin embargo, no es la primera vez que J. P. C. se enfrenta a la Justicia por una causa similar.

El industrial arrestado dentro de la "operación Pasarela" desarrollada por efectivos de la Benemérita segoviana estaba ya imputado desde el pasado mayo por un delito parecido al que se le acusa ahora: estafar a inmigrantes con contratos de trabajo falsos. Los agentes descubrieron durante el interrogatorio que el empresario segoviano estaba imputado en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5.

Al parecer, el caso está relacionado con la detención de dos ciudadanos búlgaros a principios del pasado mes de mayo. La Brigada de Extranjería y Documentación detuvo entonces en Segovia a dos hombres -V. M. V., de 25 años y vecino de la capital; y M. H. T., de 33 años y residente en Cantimpalos-. Los arrestados fueron acusados de ser los presuntos autores de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa.

Las investigaciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad revelaron que los dos búlgaros eran meros intermediarios en una trama más amplia y acusaron a J. P. C. de ser el responsable de la red. Entonces, la Brigada procedió al arresto del constructor segoviano, imputándole un delito de falsificación de contratos laborales a inmigrantes, cuya vista está pendiente de juicio.

El germen de aquella operación fue la denuncia de un ciudadano marroquí, quien aseguró haber pagado más de 45.500 euros a los dos intermediarios detenidos. A cambio, los "correos" búlgaros se comprometían a tramitar las solicitudes de residencia y de trabajo para siete familiares del denunciante, para lo que pedían 6.500 euros por cada autorización.

El dinero les fue entregado en diferentes pagos, cuando los detenidos entregaban unas solicitudes de residencia falsificadas. El denunciante se dio cuenta del engaño y acudió a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Las víctimas de estos delitos son ciudadanos extranjeros que residen de forma legal y que caen en el abuso y la estafa cuando se les ofrece la opción de que vengan familiares que se encuentran en situación precaria en sus países de origen, para lo que, en muchas ocasiones, solicitan créditos con los que afrontar el pago de unos papeles que no tienen validez.

Este modo de operar es prácticamente calcado al que se descubrió y desmanteló la Guardia Civil de Segovia la semana pasada, en uno de los mayores golpes a la inmigración ilegal en la provincia. La "operación Pasarela" se saldó con once detenidos, siete de ellos en Segovia, y el resto en Alicante, Murcia y Pamplona. Entre los imputados en esta trama, el único español detenido fue el empresario segoviano.

Cabe recordar que la banda desarticulada por el Instituto Armado estaba compuesta por tres industriales, los tres residentes en Segovia, y el resto eran intermediarios que se encargaban de cobrar en mano las cantidades que pagaban los extranjeros estafados, unos importes que oscilaban entre los 6.000 y 10.000 euros.