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Los 570 propietarios del polígono de viviendas del 29 de Octubre, en Pajarillos, tendrán que pagar alrededor de 1.577 euros por cada metro de ampliación de sus futuros pisos, una vez se derribe por fases la actual barriada marginal y se construyan los nuevos bloques. Así, un residente que en este momento tenga una casa de 47 metros y solicite una de 60 pagará los 13 metros de diferencia al precio de VPO que esté vigente en el momento de la entrega de su nuevo hogar. La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal y el gerente de VIVA, César Alonso, se reunieron ayer con responsables la Asociación de Vecinos La Unión de Pajarillos para dar un repaso a la situación en la que se encuentra el proceso de remodelación de este polígono residencial.

Según explicó Vidal, antes de abordar este proyecto de regeneración urbana, presentado en abril del 2006, habrá que esperar a que se apruebe la nueva Ley de Urbanismo, prevista para octubre, así como el nuevo reglamento, que podría estar vigente en febrero del 2009. El nuevo marco legal es indispensable para poder afrontar esta operación, ya que está previsto aumentar la edificabilidad y el número de viviendas por hectárea en la zona. El objetivo es construir más viviendas de las 570 que ahora configuran el barrio para que con su venta se pueda sufragar parte de la operación. ¿Cuántas más? Vidal acota que en este momento se está estudiando este extremo. La unión de empresas ACR-Asgeco ha planteado como una de las alternativas llegar hasta las 1.600, algo que el Ayuntamiento descarta de antemano.

Tampoco se ha determinado que configuración tendrán los bloques, aunque parece obvio que serán edificios de al menos cuatro o cinco alturas. Lo que parece decidido es que el excedente de pisos que se levanten saldrán a la venta también como vivienda protegida.

Construidos en la década de los 60, los pisos del 29 de Octubre costaron en su momento 71.00 pesetas. El estado actual de estas viviendas, con una superficie media de 47 metros cuadrados, es en muchos casos deplorable con problemas de estructura, humedades, cubiertas dañadas o falta de impermeabilización y calefacción, entre otras carencias. A esto se une la falta de renovación en las instalaciones de saneamiento y unas dimensiones de las habitaciones tan reducidas que las hacen totalmente inapropiadas para mantener una calidad de vida mínima.

Respecto al perfil de los residentes, en total 1.600 vecinos, requiere de un tratamiento especial. Escaso porcentaje de población activa, bajo nivel de instrucción y estudios, problemas de convivencia y presencia de familias vinculadas con el narcotráfico son algunos de los rasgos que arroja el estudio realizado por las empresas ACR y Asgeco.

María José Larena, presidenta de la asociación de vecinos La Unión de Pajarillos, cree que el trabajo previo al proyecto se está haciendo bien, pero considera necesario que no se alarguen los plazos en el tiempo y se inicie cuanto antes esta regeneración urbana, que tiene que estar acompañada de un apoyo social y laboral para los residentes de esta zona, cuya degradación es cada vez mayor. Además, aboga porque se continúe con el control policial a los clanes implicados en el tráfico de estupefacientes e incluso se les pueda excluir de la operación si se comprueba que siguen delinquiendo.

La previsión de Urbanismo es que en el verano del 2009 esté listo el planeamiento del área y que las obras puedan empezar en el 2010.

En principio se plantea la construcción de dos bloques de nueva planta en el solar del antiguo colegio Cristóbal Colón. A estos edificios se trasladarían los residentes de los primeros inmuebles que se derruirían.

Para financiar este proyecto el pleno del Consistorio había acordado solicitar una subvención a la UE de ocho millones de euros. Sin embargo, la falta de coordinación entre concejalías provocó que los plazos se pasasen y no se presentara la petición.