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El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, advirtió ayer a las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales del próximo 9 de marzo de que quien gane estos comicios tendrá que tomar medidas contra la ralentización de la economía española y descartar las rebajas fiscales que están anunciando en la precampaña. Para Fidalgo, lo más importante de las próximas elecciones del 9 de marzo es que, independientemente de quien gane, el nuevo Gobierno de La Moncloa llame a los sindicatos y empiece a tomar medidas. "Desde luego, se van a tener que descartar cantidad de propuestas que se están haciendo por ahí de rebajas fiscales, sobre todo en las rentas altas", auguró el secretario general de CC. OO., que se mostró convencido de que este tipo de medidas no van a resolver la actual situación de ralentización de la economía, "que no crisis", matizó.

En este sentido, recordó que el nuevo Gobierno tendrá que replantearse la política fiscal así como el destino del gasto público que, a su juicio, se tendrá que dirigir hacia la red de protección social para las víctimas de la desaceleración económica y a reforzar los servicios públicos.

Fidalgo aseguró no compartir la visión sobre la situación de la economía española que plantean las dos fuerzas políticas mayoritarias y rechazó tanto "el optimismo antropológico de unos" como el pesimismo del PP y se mostró convencido de que el actual debate sobre la situación económica de España no tiene que ver con proyectos de ambos partidos sino con imputaciones más propias de la "bronca" entre el Gobierno y la oposición. En este sentido, criticó que hasta la fecha sólo se haya hablado sobre la crisis sin que nadie haya propuesto medidas efectivas para solucionar esta situación. "Yo no he oído todavía con claridad qué se va a hacer si se gana para remontar esto", sentenció José María Fidalgo, que ayer acudió a Valladolid para acompañar a los candidatos de CC. OO. en las elecciones sindicales que se celebrarán en todos los centros de trabajo y entre todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, a excepción de los docentes.