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La Sección IV de lo Penal de la Audiencia Nacional emitirá mañana el fallo que dirimirá las responsabilidades del multimillonario fraude del caso Gescartera seis años y nueve meses después de que saltara el escándalo financiero que hizo temblar los cimientos económicos del Gobierno presidido por José María Aznar.

El pabellón de la madrileña Casa de Campo que acogió la vista entre el 17 de septiembre y el 18 de diciembre del año pasado será el escenario para resolver, en principio, muchas de las dudas que aún planean sobre la sociedad creada en 1992 por el joven madrileño Antonio Camacho -entonces tenía 26 años- y que en el 2001 cerró dejando un agujero de noventa millones de euros procedentes de cuatro mil afectados.

La sentencia concretará quién tendrá que hacerse cargo del roto financiero. Un dudoso honor que se disputan, una vez descartada la responsabilidad patrimonial del Estado, el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) o las entidades privadas La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios. Unas u otras deberán responder del agujero de 50,22 millones de euros -la cantidad apropiada por acusados de los fondos de los clientes- o de 94,17 millones -si se devuelve el dinero y las revalorizaciones prometidas en su día por la sociedad-.

Pero, ¿dónde está el dinero? Nadie lo sabe y el principal acusado de la trama, Antonio Camacho, defendió durante el maratoniano juicio que "no hubo desviación de fondos, sino pérdidas en las inversiones en bolsa a causa de una mala gestión" y su propia "mala fortuna". El fiscal anticorrupción encargado del caso no lo cree así y solicita tanto para él como para sus dos principales colaboradores -el número 2 de Gescartera José María Ruiz de la Serna y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP) Aníbal Sardón- un total de 11 años de cárcel para cada uno por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental -para eludir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que al final intervino la sociedad el 14 de junio del 2001 después de sancionarla ya en 1994, 1997 y 1999-.

Demasiados puntos oscuros después de tres meses de vista oral, cuarenta sesiones, un centenar de declaraciones de testigos y catorce más de otros tantos imputados inicialmente, además de más de una decena de peritos. La Fiscalía redujo finalmente a doce el número de imputados al eximir de responsabilidades tanto a la mujer de Antonio Camacho, Laura García-Morey, como a su compañera en Gescartera Ángeles Leis. Para los otros doce acusados pidió un total de 84 años.

"La Justicia dará a cada uno lo suyo", espetó la presidenta del tribunal, Carmen González Campos, en la última sesión del juicio. Pero lo hará en una escala de responsabilidades que va desde los 11 años a los que se enfrentan los tres cabecillas, los 8 años de los segundos en el escalafón (la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, el jefe de mantenimiento, Miguel Ángel Vicente y el apoderado Francisco Javier Sierra), y los 6 años de otros tres imputados por colaborar en la apropiación indebida (dos asesores tributarios y la administradora de AGP) hasta los 3 años de los colaboradores en la estafa y en las acciones de encubrimiento de las cuentas ante la CNMV (un empresario-testaferro y dos operarios de La Caixa).

Los orígenes de la trama se remontan a 1992, cuando Antonio Camacho fundó la sociedad Gescartera junto a su padre, un empleado de Banesto, pese a no contar tan siquiera con un título de Derecho que se le resistió -sólo aprobó dos cursos en seis años. Las habilidades sociales del fundador suplieron con creces sus carencias formativas y en el año 2000 consiguió transformar la sociedad en una agencia de valores. Entre medias tejió una compleja red que incluyó el ascenso de la comercial Pilar Giménez-Reyna a la presidencia -era hermana del secretario de Hacienda- y el fichaje del que fuera hasta el año 1999 técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores José María Ruiz de la Serna.