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El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) admitirá provisionalmente, mientras se mantenga la huelga de funcionarios de Justicia, los certificados médicos de nacimiento y defunción, así como otro tipo de documentos. El Ministerio de Trabajo destacó ayer que también se admitirán documentos que acrediten otras situaciones que dan lugar a prestaciones de maternidad, paternidad, ayuda por nacimiento o adopción de hijo y las relativas a muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y auxilio por defunción).

El ministerio señala que, de esta forma, la Seguridad Social garantiza el derecho de los ciudadanos a las prestaciones que necesitan certificados expedidos por el Registro Civil y por eso, el INSS establece la validez provisional de las solicitudes que acompañen a estos documentos con la condición de que al concluir la huelga de Justicia los ciudadanos presenten el certificado oficial del Registro Civil, informa Efe.

Un mes y medio de huelga y diez fallidas mesas de diálogo han colmando la paciencia de Mariano Fernández Bermejo. El ministro de Justicia criticó ayer la actitud "muy intransigente" de los sindicatos y amenazó con endurecer las negociaciones. Su departamento estudia ya aumentar los servicios mínimos y descontar de las nominas todas las jornadas perdidas de manera automática.

Fernández Bermejo se reunió con los secretarios de gobierno de las siete autonomías afectadas por la huelga: Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Baleares y Extremadura, las comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Tras el encuentro, lamentó el incumplimiento del compromiso de los sindicatos de responder a la última oferta de la administración central para desbloquear la situación: aumentar 180 euros lineales a todos los funcionarios en huelga.

Según el ministro, los sindicatos, a pesar de su promesa, no se han comprometido a que esos aumentos salariales vayan ligados a una mayor productividad, a luchar contra el absentismo y al aprendizaje de técnicas informáticas. La negativa de las centrales a responder a la última oferta y su rechazo a volver a la mesa de negociaciones ha sido lo que ha irritado al ministro, que advirtió a los huelguistas de que "no vamos a tolerar" el incumplimiento de los servicios mínimos o las coacciones a los funcionarios que no secundan el paro. En esa línea anunció que ya se han abierto expedientes disciplinarios y diligencias informativas en Cartagena, Ciudad Real, Salamanca, Mérida y en el Tribunal Supremo.

El ministro, que insistió en que su disposición al diálogo sigue siendo "absoluta" a pesar de la negativa de los sindicatos a sentarse en la mesa, aseguró que el seguimiento de la huelga va perdiendo fuelle. Así, explicó que los últimos datos apuntan a que sólo el 35 por ciento de los funcionarios del denominado "territorio ministerio" (comunidades no transferidas y tribunales centrales) sigue secundando los paros, cuando esta proporción era del 41 por ciento al principio de la huelga el 4 de febrero.

El máximo responsable de Justicia, que pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes de los paros, reconoció que la huelga había provocado la suspensión de 41.000 intervenciones judiciales hasta el 7 de marzo, si bien en las primeras semanas de paros se habían celebrado cerca de siete mil juicios en las regiones afectadas.

Particularmente preocupado se mostró con la situación en el Registro Civil por el incumplimiento en algunas oficinas de los servicios mínimos. Aseguró que su departamento estudia reforzar esos servicios en estas dependencias, puesto que el registro despacha "actos con mucha trascendencia jurídica", que en muchos casos no pueden esperar, como defunciones o nacimientos.

Fernández Bermejo señaló que, habida cuenta de la falta de voluntad de los sindicatos, seguirá sin asistir a la mesa de concertación, a la espera de que los huelguistas se avengan a una negociación.