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El Consistorio abulense se convirtió ayer en uno de los primeros ayuntamientos de la comunidad en reivindicar el 1 por ciento cultural a la Junta de Castilla y León. Instará al Gobierno de Juan Vicente Herrera a pagar la cantidad correspondiente que debería haber percibido el consistorio desde el año 2002 para ejecutar obras de mantenimiento y conservación del patrimonio.

Se trata de una moción que será planteada por IU en más de 200 ayuntamientos de la región y en las nueve diputaciones provinciales, que en el caso del Consistorio de la capital abulense ha contado con el apoyo unánime de los tres grupos políticos -PP, PSOE e IU- durante el pleno celebrado ayer.

El contenido de la moción fue presentado por primera vez en Ávila el pasado 17 de abril por el coordinador regional de IU, José María González, acompañado por responsable de Política Municipal, Mariano San Martín Mena. La moción exige al Gobierno regional que "cumpla escrupulosamente" el artículo 41 de la Ley de Patrimonio de Castilla y León que contempla destinar el 1 por ciento del presupuesto de toda obra pública a acciones de tutela del patrimonio cultural de la comunidad.

El coordinador provincial de IU, Pedro Tomé, explicó que estos bienes son "una de las principales señas de identidad" de la región, por lo que lamenta que la Junta "no haya librado los fondos a los entes que ya deberían haberlos percibido".

A pesar de que dicho texto legal fue aprobado en el 2002, hasta la fecha, la Administración regional no ha otorgado esas cantidades a "ningún ayuntamiento". Por ello, además de pedir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio, se solicita en la moción que la Junta "realice un cálculo del 1 por ciento cultural no percibido por los entes locales que tenían derecho a ello desde su entrada en vigor para solventar así esta deuda contraída con los ayuntamientos y diputaciones", explicó el coordinador provincial de IU, Pedro Tomé, durante la presentación de esta moción.

En este sentido, se propone que se calcule la deuda que, según IU, podría ascender los 30 millones de euros al año -lo que supone una deuda acumulada de 180 millones en este periodo de tiempo-, una cantidad "muy necesaria" en muchos pueblos y ciudades de la región.