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Instituciones Penitenciarias ha activado el cumplimiento de penas alternativas para aquellos maltratadores condenados a menos de dos años, que no ingresan en prisión, pero están obligados judicialmente a seguir un programa de reeducación.

El objetivo es disminuir la reincidencia, circunstancia que acompaña a muchas de las víctimas, y acabar con la sensación de impunidad en el agresor, que permanecía en casa a la espera de plaza en un curso, sin cumplir lo estipulado por el juez.

Los condenados pueden rehabilitarse en prisión, en programas que hoy siguen 330 reclusos en 42 cárceles, y fuera de ella si la condena es menor de dos años.