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"Hemos observado unas veinte manipulaciones "gordas", otras tantas que habría que revisar y algunas, casi de carácter infantil", comentó ayer el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid Javier Izquierdo en la rueda de prensa en la que, junto con la presidenta del grupo municipal, Soraya Rodríguez, informó de que solicitarán al consejero de Fomento la revisión de oficio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras detectar manipulaciones del texto incluidas después de que fuera aprobado por el consejero. Las manipulaciones, afirman, han facilitado operaciones urbanísticas como la de Parkosa en el Pinar de Antequera, o incrementan la edificabilidad por encima de los límites permitidos por la Ley de Urbanismo de Castilla y León, como ocurre con los cambios introducidos en la Ciudad de la Comunicación.

Soraya Rodríguez consideró ayer muy grave lo ocurrido porque se trata, dijo, de manipulaciones sobre un documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y sin conocimiento de este órgano. Grave también, añadió la concejala socialista, porque los responsables de comprobar el contenido del articulado, en este caso la Consejería de Urbanismo, eliminaron y obviaron controles que habrían evitado que se publicara en el Boletín Oficial de Castilla y León un texto diferente al que salió del Pleno del Ayuntamiento e incluso al que revisó el titular de Fomento, Antonio Silván.

Izquierdo y Rodríguez recordaron la historia de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid a la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Javier Izquierdo explicó que el texto, una vez obtenida su aprobación inicial y después de superar la fase de información pública en dos ocasiones -la segunda después de incorporadas las alegaciones-, se aprobó provisionalmente el 7 de marzo del 2003 en pleno y se remitió a Fomento.

Una vez en la Administración regional fue revisado por del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, el cual, en su informe al consejero, daba el visto bueno a su aprobación pero advertía de la necesidad de corregir algunas deficiencias. Según el relato de los ediles socialistas, el consejero de Fomento, el recién designado Antonio Silván (tomó posesión el 3 de julio), no atendió al Consejo de Urbanismo y firmó la orden de aprobación definitiva de la modificación del PGOU sin esperar a que la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio comprobara la nueva documentación enviada por el Ayuntamiento en la que deberían haberse incorporado las modificaciones exigidas.

El Ayuntamiento, narró Izquierdo, no sólo no introdujo algunas de las variaciones exigidas, sino que aprovechó para cambiar artículos sobre los que ya se había dado el visto bueno y que no había necesidad de modificar.

Mediante esta fórmula, se publica sin comprobar el 27 de febrero del 2004 y entra en vigor. Sobre el texto ya había dudas y la Federación de Vecinos recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló tres artículos, pero al tiempo negó una prueba pericial que revisase la concordancia entre los textos aprobados y el publicado, una cuestión que consideró debía hacer la parte denunciante que, sin embargo, no lo hizo por falta de recursos.

Estas alteraciones han introducido un cambio en las condiciones de edificabilidad de determinados ámbitos de desarrollo del plan como en el de la Ciudad de la Comunicación (artículo 157 publicado y 160 aprobado en el pleno). En esta modificación del Área de Ariza mientras que en el pleno se aprobó un uso del suelo del 55 por ciento residencial y el 45 por ciento terciario, realmente se publicó el 61 por ciento y el 39 por ciento, respectivamente. No hubiera supuesto una gran variación salvo porque incluía otro que permitía el paso de una edificabilidad absoluta de 0,80 metros cuadrados de suelo residencial por cada metro cuadrado de terreno, o 0,52 metros de terciario, se pasara a un índice del 1,32 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo. En resumen, que de una edificabilidad total que supondría un máximo de en torno a 7.500 metros cuadrados por hectárea (10.000 metros), se pasa a permitir la edificación de 13.200 metros cuadrados por cada diez mil metros de superficie. "Lo que vulnera la Ley de Urbanismo", recordó Izquierdo.

En la Academia de Caballería, se define la zona como sector pendiente en suelo urbano no consolidado, se admite un incremento de la ocupación en planta de hasta el 15 por ciento y, en caso de demolición de algún edificio se fija una edificabilidad absoluta del 130 por ciento con relación a la actual.

Los socialistas resaltan alteraciones en las condiciones de edificación que han permitido otorgar licencias en casos como el de Parkosa, en el Pinar de Antequera. Así, se modificó el articulado para incluir la posibilidad de construir apartamentos tutelados en un área de uso de colectivo asistencial, cuando este tipo de construcción no se contemplaba antes.

Otro caso se refiere a la Fábrica de Harinas La Perla, ya que mediante otra modificación se ha otorgado licencia para la construcción de un hotel de cinco estrellas en este antiguo edificio, situado al final de la Avenida de Salamanca. "Que nos parece una buena idea, pero es un ejemplo claro de manipulación" matizó Izquierdo, porque se refiere precisamente a una alegación presentada en los dos periodos de información pública y que fue desestimada.

Otras modificaciones permitirían, según el PSOE, construir viviendas unifamiliares en suelo rústico o reconvertir granjas en complejos residenciales. Soraya Rodríguez consideró que una responsabilidad importante de lo ocurrido corresponde a la Consejería de Fomento, ya que si su actuación hubiera sido la correcta no se habría producido, ya que tendría que haber revisado el nuevo texto y las modificaciones incorporadas antes de su aprobación.