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Los seis meses estimados a principios de abril, cuando acabó la huelga de funcionarios, para que los juzgados palentinos recuperaran la normalidad, parecen un plazo escaso para cumplir el objetivo. Y es que casi en el ecuador de ese plazo el retraso en el trabajo es aún considerable. Los sindicatos de la Administración de Justicia se muestran bastante críticos con los planes de actuación dispuestos por el Ministerio para poner al día todo ese trabajo.

Esos programas de trabajo contemplan jornadas laborales semanales de 40 horas, que desde el 8 de mayo se aplicaron en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, en Vigilancia Penitenciaria, en los Juzgados Social y Penal. Sin embargo, la ampliación de jornada para sacar adelante el trabajo no se ha contemplado aún en la Fiscalía, en el servicio común de notificaciones y embargos -del que salen las citaciones de juzgado, las notificaciones de sentencia o los actos de embargo, por ejemplo-, y en el Decanato -el encargado de recibir y repartir las demandas-, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras. «No nos parece de recibo que casi tres meses después de la finalización de la huelga estemos así. En teoría, estas áreas de la Administración de Justicia entraban en el segundo tramo del plan de actuación, que iba a entrar en vigor el lunes pasado, pero no ha sido así», explica César Santos, de Comisiones Obreras.

El retraso es considerable, si bien es menor que en otras provincias del entorno y también depende de los diferentes órganos. El Registro Civil es otro de los órganos que está viviendo con mucha intensidad el retraso del trabajo. «No dejan de nacer niños o de celebrarse bodas y aún tenemos inscripciones pendientes, y además el Ministerio no está reconociendo esa labor que está haciendo el funcionario y el trastorno que se ha generado a la población», explica Constantino García, representante de CSIF.

Los abogados también sufren ese retraso derivado de los dos meses de huelga, aunque constatan que se está realizando un esfuerzo para recuperar la normalidad. El decano del Colegio de Abogados de Palencia, Daniel Ibáñez Espeso, destaca que los letrados son atendidos en horario limitado «y lamentablemente la relación no es tan fluida ni cómoda, porque están agobiados de trabajo», explica. El decano del Colegio de Abogados estima que tres meses más serán pocos para ponerse al día.

Los sindicatos son un tanto más pesimistas. «No creo que solucionemos en todo el 2008 el problema, que incluso se puede agravar, pero parece que nadie quiere verlo, ni el Ministerio ni los jueces, aunque la Justicia no somos sólo los funcionarios», afirma Constantino García, representante de CSIF.

La huelga se prolongó desde el 4 de febrero hasta el 7 de abril en protesta por las diferencias salariales entre los trabajadores de comunidades donde las competencias han sido trasferidas y las que aún dependen de la Administración del Estado.

Los trabajadores celebraron asambleas en todas las provincias afectadas y un referéndum para responde al acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio. A nivel nacional, el 61% de los 9.500 trabajadores afectados optaron por aceptar las condiciones del documento, mientras que en el referéndum celebrado en la provincia de Palencia el resultado fue mucho más ajustado.

De los 185 funcionarios de Justicia que estaban convocados a votar -toda la plantilla- fueron 124 los que finalmente acudieron a depositar el voto. De ellos, 63 (el 50,80%) apoyaron la oferta del Ministerio, mientras que 47 votos (el 37,90%) fueron en contra, otras diez papeletas fueron nulas y cuatro estaban en blanco.