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No ha cumplido todavía un mes el decreto de la Junta que regula la instalación y uso de desfibriladores semiautomáticos y ya comienza a extenderse este servicio que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos aparatos, cuya descarga consigue recuperar una parada cardiaca, son especialmente útiles en zonas donde hay gran circulación de gente. Y es que cada minuto de retraso en la aplicación de la descarga presenta una disminución del 10% de las posibilidades de supervivencia de la persona que ha sufrido un infarto.

El centro Vallsur estrenó ayer dos columnas de rescate cardiaco y se ha convertido así en la primera instalación comercial de Castilla y León que dispone de este dispositivo.

En la actualidad, hay aparatos de estas características de forma muy contada. En las delegaciones territoriales de la Administración regional, en algún palacio de congresos, en el estadio José Zorrilla y en algunas empresas privadas. Sin embargo, el efecto de la regulación de estos dispositivos semiautomáticos (Desa) no se ha hecho esperar y el Ayuntamiento ya ha anunciado que colocará desfibriladores semiautomáticos en los edificios municipales y centros deportivos, este mismo año y, previsiblemente, antes del verano.

Así lo anunció ayer, durante la presentación de los dos servicios integrales de recuperación cardiopulmonar de Telefónica, ya en uso en Vallsur, el concejal de Desarrollo Sostenible, Jesús Enríquez. Aunque todavía no pudo precisar ni el número exacto ni los lugares donde se ubicarán estos Desa, dado «que está en estudio», sí avanzó que, desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, ya se trabaja en la formación de unos treinta trabajadores que ya están acreditados como técnicos de prevención.

La implantación de estos aparatos exige, es requisito normativo, una formación específica para manipular los desfibriladores. Además, el acceso cerrado a los mismos sólo es posible para el titular de una tarjeta que los desbloquea. Es una medida de seguridad para evitar intentos de personas sin formar ante una emergencia e, incluso, bromas de mal gusto.

La directora de Planificación Sanitaria, Ana Hernando Monge, el director médico de la Gerencia de Emergencias del 112, Julián Martínez, y la directora de Vallsur, Noemí Pascual, junto a Enríquez, inauguraron ayer este nuevo servicio que este centro comercial ha instalado tanto en la planta baja como en la segunda.

Un simulacro, en el que intervinieron incluso un equipo -médico, enfermera y dos técnicos- de una UVI móvil del 112, permitió conocer el protocolo de actuación cuando una persona se desvanece por un presunto fallo cardiopulmonar. Así, cuando ocurre es el personal formado al respecto, vigilantes de seguridad en la simulación, el que practica un masaje cardiaco adecuadamente combinado con el "boca a boca" para lo que ha sido formado previamente.

Otro compañero le ayuda con el desfibrilador -mientras, el propio aparato ya ha emitido una llamada de auxilio al 112- y coloca así al paciente los parches para proceder a la descarga eléctrica que permita recuperar el ritmo cardiaco. Además de estar entrenados para estas funciones, el desfibrilador va indicando a los usuarios del mismo los pasos a seguir y los ritmos adecuados. Este dispositivo es además el que analiza si hay arritmia y, de haber un "diagnóstico" incorrecto dado que no es personal sanitario el que lo emplea, el aparato no desfibrila. Mientras tanto, la ambulancia con el equipo sanitario llega al lugar y ya se encarga de intubar al paciente y estabilizarlo para su traslado a un hospital.

Comprar estos aparatos cuesta entre 2.500 y 3.000 euros. En el caso de los que instala Telefónica, el método empleado es, en realidad, el de un alquiler de todo el servicio. Así, esta compañía no solamente instala la columna de rescate sino que se encarga de su mantenimiento, de la formación del personal y su reciclaje cada dos años y del control remoto del aparato en busca de garantizar que en todo momento está en condiciones de funcionar y no puede fallarle, por ejemplo, la batería. En este caso el coste es de 250 euros al mes.

Las compañías o administraciones que quieran instalar un aparato de estas características en sus dependencias deberán solicitar la autorización a la Consejería de Sanidad, cumplir los requisitos estipulados en la nueva regulación ya en vigor (Bocyl del 6 de febrero) y en el plazo de un mes recibirán contestación administrativa.

En el caso de que los aparatos ya estuvieran instalados, la empresa dispone de tres meses para adecuarse a la normativa.