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La huelga que los trabajadores de la Administración de Justicia mantienen desde hace 18 días para equiparar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de las comunidades donde las competencias no están aún trasferidas con el resto de autonomías ha obligado a suspender 426 juicios en los juzgados de Palencia, Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga, además de innumerables actos de comunicación.

Los representantes de todos los sindicatos convocantes -CC. OO., CSI-CSIF, UGT y STAJ- se reunieron ayer por la tarde de nuevo en Madrid con los portavoces de la Administración del Estado y, al cierre de esta edición, se mantenían expectantes ante la propuesta del Ministerio, con la esperanza de que las negociaciones fructificasen y termine el conflicto.

A pesar de que en los últimos días se han acercado las posturas, las reivindicaciones salariales de los trabajadores, cuyo sueldo es cerca de 200 euros menor que el de los funcionarios de regiones con competencias trasferidas, no han sido aceptados para poner en marcha a partir del 2008, sino en años posteriores.

En este sentido, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que "más tarde o más temprano" habrá acuerdo con los funcionarios de Justicia que se encuentran en huelga, un grupo de los cuales irrumpió en un acto celebrado en la Universidad de Salamanca (USAL). Los trabajadores, que se habían concentrado en las inmediaciones del Edificio Histórico de la USAL, lograron acceder en un grupo reducido al Paraninfo e interrumpir el acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, en el que propinaron gritos contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Los 17 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han firmado un escrito en apoyo de la huelga que realizan los funcionarios de Justicia, en el que califican sus reivindicaciones salariales de "moralmente justas y jurídicamente fundadas". Se trata de la primera ocasión en la que magistrados del Supremo realizan un gesto semejante.

Según el escrito de los magistrados, los funcionarios "reclaman un trato económico igual para profesionales que realizan trabajos equivalentes y, además, desarrollados de en el marco de la misma actividad estatal".