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La Junta de Castilla y León firmó ayer con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo por valor de 30 millones de euros que destinarán a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la comunidad.

El acuerdo lo han suscrito en Luxemburgo el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, quienes han formalizado en una reunión las condiciones del préstamo que gestionará la entidad Ade-Financiación, con una vigencia de dos años, hasta marzo del 2010, informó Efe.

El establecimiento de esta fuente de financiación a proyectos empresariales regionales parte de una estrategia financiera de la Junta de Castilla y León para diversificar y reforzar las fuentes de financiación en condiciones económicas favorables con recursos supranacionales e incrementar los recursos económicos y la liquidez en el mercado, según ha explicado la Administración autonómica a través de un comunicado.

Las ventajas de estos préstamos radican en el bajo coste financiero, en plazos que permiten la financiación con periodos de carencia de hasta cuatro años, en una «importante» inyección de liquidez en el mercado y en que prestan especial atención a proyectos tecnológicos y de I+D+i.

Por otra parte, el consejero de Economía y Empleo y la consejera de Hacienda acudirán hoy al Tribunal de las Comunidades Europeas donde se juzgan las rebajas fiscales aprobadas por el País Vasco, que se juega buena parte de su capacidad para dictar impuestos diferentes a los del Estado, después de que La Rioja y Castilla y León presentaran recursos contra la fiscalidad aprobada en las diputaciones forales vascas.

La cuestión es si el impuesto de sociedades que aplica Euskadi, más bajo que el del resto de España, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal.

En el fondo, está en juego la capacidad vasca de dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado, una facultad que es vista como una competencia desleal por las comunidades limítrofes, La Rioja y Castilla y León.