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Los cuatro abogados que defendían los intereses de las seis entidades religiosas (cuatro vallisoletanas), una empresa de la capital y veinte particulares de la provincia coincidieron ayer en mostrar su "satisfacción"por el contenido de la sentencia del caso Gescartera y, sobre todo, por la inclusión de Caja Madrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios de los desfalcos del que fuera dueño de la agencia de valores Antonio Camacho.

Sólo el Arzobispado de Valladolid, la Fundación Emilio Álvarez, la Comunidad de Madres Dominicas del Monasterio de Nuestra Señora de Porta Coeli y los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle -todas vallisoletanas- recuperarán la friolera de 1.456.765 euros, mientras que el obispado de Palencia recibirá 142.447 euros, y el de Astorga, 319.352 euros más.

La cuantía total que recibirán los afectados de la provincia (las cuatro entidades religiosas, veinte particulares y la empresa Casa Ambrosio Rodríguez) ascenderá a 2.798.675 euros, que en realidad rondará los cuatro millones con la suma de los intereses legales. En el conjunto de la comunidad la cuantía será de 3.281.362 euros.

¿Pero cuándo verán el dinero? Los abogados anuncian su intención de solicitar la ejecución provisional de la responsabilidad civil para propiciar el cobro inmediato sin esperar a la resolución de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo que presentarán tantos los ocho condenados como las entidades que deberán afrontar el pago ante la presumible insolvencia de los anteriores. De no admitirse no verán un euro antes de uno o dos años. Y eso gracias a que los culpables de la estafa serán encarcelados y "las causas con preso tienen preferencia», aclara el letrado Juan Francisco Llanos (abogado de Ambrosio Rodríguez -la empresa no se vio afectada por la pérdida de los 286.459,95 euros procedentes de excedentes de Tesorería- y cinco afectados más de una familia).

Pero es en los despachos de otros tres abogados vallisoletanos donde se celebró ayer con especial entusiasmo la sentencia: Jesús Gómez-Escolar (Arzobispado de Valladolid), Alberto Iglesias (Fundación Emilio Álvarez) y José Pablo Toquero (resto de instituciones religiosas). El primero explicó que el fallo "demuestra que nuestros clientes fueron una víctima más de este engaño"y "limpia el buen nombre de la Iglesia"al dejar claro que "no hubo ningún tipo de especulación con el dinero sino que se trató de una inversión con interés fijo, seria en apariencia al estar avalada por la CNMV y de carácter trimestral".

El dinero invertido por el Arzobispado poco antes de la intervención de Gescartera en junio del 2001 -dos años había retirado más fondos- procedía de "otras inversiones en fondos de renta fija"e irá parar a la Tesorería general en cuanto vuelva a sus arcas. Más "necesidad" tiene del reingreso del dinero, daba la cuantía (734.270,19 euros), la Fundación Emilio Álvarez: "Es una parte importante de su patrimonio que tenía que recuperar para que vuelva a formar parte de su capital y los intereses que genere irán a parar a sus obras sociales», resume su abogado, Alberto Iglesias, quien aclara que si se invirtió aquel dinero fue porque "se pensaba que era una agencia seria".

El tercer letrado en liza, que representó al resto de entidades religiosas y a catorce particulares, José Pablo Toquero, reitera que la sentencia "restaura el honor de mis clientes que se vio manchado al principio cuando podía dar la sensación de que se habían querido lucrar». El jurista añade que ahora se demuestra que "aquel dinero era legal y que nunca se buscó engañar a nadie".

Quien no recuperará los quebraderos de cabeza del caso Gescartera será el antiguo ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, quien prestó declaración durante la vista para recordar que los 6,1 millones de euros que invirtió la entidad en los años noventa los sacó dos años antes de la intervención sin información privilegiada como se llegó a especular.