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Los 4.000 ahorradores que confiaron durante la década de los noventa en Gescartera -entre ellos, la Iglesia y varias mutualidades, atraídos por sus jugosas rentabilidades, podrán recuperar al final todos sus ahorros, hecho inédito en este tipo de casos, aunque aún deberán esperar dos o tres años más para ello.

Esta es la principal consecuencia de la sentencia dictada ayer jueves por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que condena a Cajamadrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios -en la práctica, además, casi los únicos solventes- del fraude perpetrado por los responsables de aquella polémica agencia de valores -cifrado por los jueces en 87,9 millones de euros-, que fue intervenida en junio del 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos responsables de la época han quedado aquí exculpados.

El fallo, uno de los más voluminosos que se recuerdan en la historia del citado órgano judicial (592 folios), comprende la condena a ocho de los acusados que se sentaron en el banquillo -la mitad de los cuales tuvieron incluso que ingresar con urgencia en prisión ante el ahora creciente riesgo de fuga- y la absolución de otros seis, entre ellos Laura García-Morey, esposa de Antonio Camacho, ex propietario de la agencia.

A éste, el tribunal le considera "el fundamental artífice y urdidor de la trama empresarial que condujo a la despatrimonialización de Gescartera", entidad a la que controlaba sin límite alguno. Por ello, le considera autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que deberá cumplir once años de cárcel, si bien por el tiempo pasado años atrás en prisión preventiva y los beneficios penitenciarios podría acceder al régimen abierto en dos y a la libertad condicional en cinco.

Pero esta era una noticia más o menos esperada por todos; no así la ya declarada responsabilidad civil de Cajamadrid Bolsa y La Caixa, aunque la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones insistieron en ella durante los tres meses y medio que duró el juicio. Los magistrados les han dado la razón en primera instancia, si bien ambas entidades han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo (al igual que el resto de condenados) al sostener que su discutida actuación en este caso se ajustó "rigurosamente no solo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector".

No piensan igual en la Audiencia Nacional, que incluso justifica su decisión en la jurisprudencia del propio alto tribunal (dos sentencias del 2007, una del 2005 y otra del 2004), lo cual, a priori, parece reducir las opciones de esos recursos. Aseveran los tres jueces del tribunal del caso, presididos por Carmen González, que las entidades son responsables de los delitos o faltas cometidos por sus empleados (en el caso de La Caixa, los dos jefes de su sucursal en Majadahonda, José Castro y Miguel Prats, condenados ahora a tres años de cárcel).

A ello se une el hecho de que no adoptaran las cautelas exigibles a cualquier entidad financiera, por ejemplo, respecto a las "cotidianas" extracciones de dinero que realizaron personas enviadas desde Gescartera sin documentación acreditativa alguna. O bien, caso de Cajamadrid, se firmaran contratos de subcustodia de valores sin informar a los clientes afectados.

Por todo ello, la Audiencia Nacional les considera responsables civiles "en el total de los perjuicios irrogados", y no sólo en la parte que la Fiscalía había calculado respecto a ellos. De esta forma, habrán de responder -con carácter subsidiario, aunque en la práctica es probable que les toque casi todo- por los citados 87,9 millones del déficit patrimonial de la agencia de valores, más los intereses legales devengados desde el inicio del proceso (hace ya siete años) hasta su final (cuando el Supremo resuelva, en unos dos años, los recursos presentados), lo que podría disparar esa suma por encima de los 140 millones de euros. De ellos, se sufragara el Fondo de Garantía de Inversiones, que adelantó parte de las indemnizaciones (26 millones).

La "mano derecha" de Antonio Camacho en toda esta operativa fraudulenta fue José María Ruiz de la Serna (10 años y medio de cárcel), director general de la agencia y quien concibió con el primero "un plan tendente a ofrecer información opaca, sesgada e inveraz" sobre el estado contable de Gescartera a la CNMV, "a fin de ocultar su déficit".

El tribunal no aprecia aquí corresponsabilidades en el regulador, pero sí abre la puerta a que las acusaciones se querellen contra el que fuera secretario de su consejo, Antonio Alonso Ureba, por posible falso testimonio ante su "llamativa" desmemoria.

Francisco Javier Sierra de la Flor (6 años y medio de cárcel) fue otro elemento clave de la trama para "adueñarse de parte de los fondos confiados y desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares", colaborando entre ellos para "mantener una situación aparentemente normalizada pero que en la realidad constituía una mera fachada". Lo mismo puede predicarse, pero ya a menor escala, de Aníbal Sardón (9 años), propietario de una asesoría vinculada a Gescartera, y Julio Rodríguez Gil (6 años), asesor fiscal. Los cinco tuvieron que ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real este mismo jueves, a petición del Ministerio Público, al estimar el tribunal que "la elevada penalidad impuesta ha agravado su riesgo de fuga", a lo que se une su "demostrada capacidad de distracción de grandes sumas de dinero".

Mención especial merece Pilar Giménez Reyna (3 años y 6 meses de cárcel), la "hermanísima" como la conocían en la agencia porque su hermano Enrique fue secretario de Estado de Hacienda (tuvo que dimitir por este caso). Pese a que ella declaró durante el juicio que se sintió como una "mujer objeto" porque era Camacho quien "hacía y deshacía", e incluso autocalificarse de "mero florero", los jueces advierten que en su condición de directora comercial "no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes".