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Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos con representación en Smurfit Kappa, se oponen al cierre de la planta de Arroyo de la Encomienda. Así lo anunciaron ayer y así se lo transmitirán a la empresa el 3 de abril en la primera reunión que mantendrán las partes para despejar el futuro de la factoría una vez anunciada la decisión de cesar la actividad de la fábrica antes del verano.

Pasadas más de veinticuatro horas desde que estallara el conflicto, los afectados reivindican el apoyo de la Junta y del Ayuntamiento de Arroyo para impedir que se produzca una nueva operación especulativa que supondría recalificar los terrenos industriales en residenciales. Ninguno de los representantes sindicales habla abiertamente de que sea ésta y no otra la circunstancia que ha movido a los responsables del grupo a echar el cerrojo pero todos vigilan la perspectiva inmobiliaria que se podría producir sobre las diez hectáreas que ocupa la planta. No obstante, el actual programa electoral y el anterior del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, recoge la recalificación de ese espacio.

Desde Smurfit Kappa aseguran que la decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de incrementar su producción y hacer frente a las fuertes inversiones que se requerirán a corto plazo para adaptarse a la nueva normativa medioambiental. Smurfit garantiza que no habrá despidos y que se recolocará o prejubilará a los trabajadores, pero en el comunicado se habla sólo de los 120 empleados directos y nada se dice de los más de un centenar indirectos.

Sin embargo, Alberto Sáez, secretario de Negociación Colectiva del sindicato Comisiones Obreras, asegura que no se lo creen "porque para la adecuación de la planta a las leyes ambientales existen líneas de subvenciones y de crédito".

Recalca además que el beneficio del grupo Smurfit-Kappa ha crecido el 20por cien en el último año y que en breve inaugurará las nuevas instalaciones de Burgos, "señal de que la empresa es viable y tiene futuro". Por este motivo, Alberto Sáez expresó ayer con contundencia que "no daremos el visto bueno a ningún expediente de regulación que suponga la extinción de contratos de trabajo". La situación entre los trabajadores "es dramática" según indica el secretario del comité de empresa, Herminio Baeza, quien calificó ayer la actitud de la multinacional de "menosprecio inmerecido hacia esta comunidad autónoma, hacia Arroyo y especialmente hacia los trabajadores".

Al igual que Comisiones Obreras, José Antonio Fernández, desde UGT, solicitó ayer la implicación de las instituciones regionales y provinciales para evitar el cierre e insistió en que la Junta tiene su responsabilidad.

El portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, se limitó ayer a reconocer la sorpresa que les ha producido lo acontecido y, aunque calificó el caso como "una mala noticia", evitó entrar en el fondo del asunto hasta que el expediente esté sobre la mesa.