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La Diputación Provincial ha decidido anular seis nuevos contratos de obras en pueblos de la provincia por el retraso desmedido en la ejecución, ya que han pasado varios años sin que los trabajos, la mayoría financiados con fondos de cooperación local, estén rematados. Cuatro de los expedientes que se resolverán corresponden a proyectos adjudicados en los años 2005 y 2006 a la empresa Javier Fernández Prieto: la pavimentación de Bretó de la Ribera, el abastecimiento y saneamiento de Torre del Valle y de Fresno de la Polvorosa, y la pavimentación, saneamiento y abastecimiento de Santa Cristina de la Polvorosa. Las dos otras actuaciones anuladas son la remodelación de la Casa Consistorial de Villaveza del Agua, contratada en el año 2004 con la empresa Conscla, y el alumbrado público de la localidad de Riego del Camino, obra concedida a Soal en el 2005.

No en todos los casos la demora es imputable a la empresa, pero en aquellos en que sea así se aplicarán sanciones económicas, que en otros casos han consistido en el abono de los gastos de rescisión del contrato y el incremento de precio que experimenten estas obras como consecuencia de que han pasado años desde que se contrataron Además del castigo económico, la Diputación vetará a las constructoras por un período durante el cual no podrán presentarse a ninguna obra que licite la institución provincial.

Otros expedientes

No es la primera vez que el equipo de Gobierno de Fernando Martínez Maíllo penaliza a empresas por incumplir el contrato, pero hasta el año pasado no se había planteado la inhabilitación de las constructoras. La única medida que se venía adoptando era la incautación de la garantía, que supone un porcentaje de entre el 2 y el 6 por ciento de la cuantía total de la obra, cuando la anulación del contrato era achacable a la adjudicataria.

La empresa Javier Fernández Prieto ya contaba con otros dos expedientes por el retraso en las obras de la Casa Consistorial de Vega de Villalobos y la red de abastecimiento de Santa Colomba de las Carabias, proyectos que se contrataron en el año 2004 y que tuvieron que ser también anulados.También se abriró un procedimiento sancionador contra Excavosa, que renunció a dos obras meses después de la adjudicación, una de ellas la de saneamiento de Roales.

Con el endurecimiento del castigo a las empresas que incumplen plazos, la Diputación persigue acabar con los retrasos injustificados, que en algunos casos obligan a rescindir los contratos y realizar una nueva adjudicación, con el consiguiente perjuicio para los municipios, y que incluso llegan a acarrear la pérdida de subvenciones otorgadas por otras administraciones.

Muchas de las demoras suelen deberse a que las adjudicatarias son empresas pequeñas sin capacidad suficiente para asumir el volumen de obras que contratan en los plazos fijados.

El retraso en la ejecución de las obras de planes provinciales ha suscitado numerosas quejas por parte de los ayuntamientos de la provincia, que también protestan por la concesión de prórrogas sin justificar.

La portavoz del grupo socialista, Rosa Muñoz, denunció hace unos meses que los sucesivos incumplimientos de plazos hace que en algunos pueblos sólo se pueda hacer una obra en todo el mandato y que las actuaciones de los planes provinciales se solapen. En este sentido, indicó que en el momento del nuevo reparto de planes provinciales todavía había alguna obra sin ejecutar del 2005 y el 2006 y muchas del 2007.