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Los vecinos del edificio desalojado hace más de un año de los números 4 y 6 de la calle San Martín acaban de presentar un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Concejalía de Urbanismo de declarar en ruina y, por la tanto, demoler una casa que hace doce meses estaba en "perfectas condiciones", según consta en el informe emitido entonces por sus propios técnicos.

El culebrón del inmueble situado frente entre la iglesia de San Martín y la calle Angustias comenzó el 27 de mayo del año pasado, cuando las lluvias caídas semanas atrás hicieron ceder el muro del número 4 que da al patio interior. El desplome llevó al Ayuntamiento a ordenar el desalojo de los inquilinos de los dos portales y de la tienda de bicicletas JAG del bajo, cuyo dueño optó al final por trasladar el comercio a la calle Esteban García Chico después de 50 año en San Martín.

Apenas dos días después, los técnicos municipales inspeccionaron el edificio decimonónico y emitieron un informe que no sólo descartaba el estado de ruina sino que obligaba a sus propietarios a reconstruir la pared derruida y a rehabilitar las galerías de madera que van a dar a la parte de atrás. Los aludidos, contra los que se llegó a abrir un expediente por infracción grave ya en octubre por sus reiterados incumplimientos, nunca llegaron a ejecutar las obras e, incluso, en diciembre presentaron un recurso contra el primer informe alegando ruina económica para retrasar los trabajos.

Los vericuetos legales buscados por los propietarios y los once meses transcurridos sin nada moviera un sólo ladrillo en el inmueble llevaron a los mismos técnicos municipales a declarar la ruina el 18 de abril de este año alegando que "el coste de las obras para mantener el edificio supone el 53 por ciento del coste de reconstrucción". La solución que aportaron pasa por demolerlo entero con la honrosa excepción de la fachada.

Y eso hubiera ocurrido ya de no ser porque los inquilinos de renta antigua que permanecen desalojados por cuenta propia desde el 27 de mayo decidieron recurrir esta última decisión y "paralizar así durante meses cualquier trabajo de derribo", explica el comerciante David García, quien añade que "no podemos entender por qué declararon la ruina si antes la habían descartado". Los vecinos prevén reclamar también a los dueños daños y perjuicios.