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Los 87,99 millones de euros considerados en la sentencia del caso Gescartera como déficit patrimonial de la agencia y de los que son responsables subsidiarios La Caixa y Caja Madrid Bolsa suponen el 1,64 por ciento de los beneficios logrados por estas cajas en el 2007. Estas entidades fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero creado en la agencia de valores, cuyo dueño, Antonio Camacho, fue condenado el jueves a 11 años de cárcel.

La sentencia, que será recurrida ante el Tribunal Supremo al menos por las dos cajas y los ocho condenados, fija unas indemnizaciones a los afectados por importe de 87,99 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses devengados desde que se intervino la agencia de valores, el 14 de junio del 2001.

Con estos intereses, el volumen de las indemnizaciones podría llegar al entorno de los 130 millones en los próximos años, mientras se cierra definitivamente el proceso judicial.

El pasado año, La Caixa obtuvo un resultado atribuido al grupo que ascendía a 2.488 millones de euros, mientras que Caja Madrid logró un beneficio neto atribuido récord de 2.861 millones de euros, por el aumento de su negocio recurrente y los beneficios extraordinarios generados por la venta de su participación en Endesa. En total ambas entidades lograron 5.349 millones.

La entidad de ahorro catalana declina hacer más comentarios sobre la sentencia y asegura que se trata de una cuestión legal de alta complejidad, que en estos momentos están analizando sus servicios jurídicos. Por su parte, Caja Madrid Bolsa defiende su correcta actuación que, a su juicio, fue "ajustada no sólo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector y a las obligaciones que había asumido en sus relaciones con Gescartera ". Para la entidad, el delito juzgado se cometió fuera de su ámbito de actuación, de forma que "no produjo ningún perjuicio patrimonial a los clientes de Gescartera".

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condenó a dos directivos de la oficina de La Caixa en el madrileño municipio de Majadahonda, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, a tres años de prisión por su complicidad en un delito de apropiación indebida.

El propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, y los otros cuatro condenados a penas superiores a tres años por la Audiencia Nacional contra los que el tribunal dictó prisión provisional permanecerán en el centro penitenciario Madrid V, en Soto del Real, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación y haga firme la sentencia, según informaron fuentes penitenciarias.

Los abogados de las cuarenta acusaciones particulares del "caso Gescartera" mostraron ayer su "satisfacción" con el fallo y anunciaron que no la recurrirán.