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El cierre cautelar de las tres explotaciones que la empresa de áridos Artrasa posee en el término municipal de San Román de Hornija amenaza con dejar en la calle a noventa trabajadores, entre obreros y transportistas, en un plazo de una o dos semanas, según anticipó ayer el propietario de la explotación, Mario Arévalo, y confirmaron varios de sus operarios.

La medida fue notificada la semana pasada desde el Ayuntamiento después de que éste recibiera una orden judicial de paralizar su actividad hasta que se resuelva el contencioso que mantiene la firma salmantina con un colectivo ecologista de la localidad de 420 habitantes fronteriza con la provincia de Zamora. "Tenemos tres explotaciones y las tres están paradas a pesar de que cuento con todos los permisos", afirma el dueño de Artrasa, quien anuncia que "hemos hecho acopio de material pero se nos acabará en una o dos semanas y entonces no tendré más remedio que cerrar y dejar en la calle a mis obreros por falta de trabajo para hacer frente a nuestros pedidos".

El empresario, que abrió la explotación en 1999, recuerda que desde entonces acumula "seiscientas denuncias -literalmente- por parte de una familia del municipio por cualquier cosa que hagamos a pesar de que tenemos todos los permisos en regla tanto por parte de la Junta como del propio Ayuntamiento de San Román". De ahí que hayan apelado el cierre cautelar decretado el 21 de junio.

No opina lo mismo la concejala de Medio Ambiente y única edil del PSOE, María Estrella Muñoz, quien explica que "si se ha ordenado el cierre es porque carece de los permisos legales necesarios como demuestran las cuatro sentencia que acumula en su contra". La representante socialista matiza que "nosotros no estamos en contra de los trabajadores ni de que se extraiga grava, sino de que haya arrancado setenta hectáreas de pino en estos años sin contar con los permisos oportunos".

Muñoz, que también forma parte del colectivo ecologista San Román Natural, insiste en que "si legaliza su explotación, no hay ningún problema para que siga trabajando con normalidad y pueda así mantener a sus operarios".

Conflicto vecinal

Ella y algunos vecinos mantienen viva la batalla judicial contra la gravera desde hace tres años, cuando Ecologistas en Acción criticó a la Consejería de Medio Ambiente por autorizar la extracción de áridos sobre una superficie de 170 hectáreas repleta de pinares. Esa situación y el hecho de que cada día "circulen más de doscientos camiones por la travesía del pueblo -está prevista la construcción de una circunvalación para el año que viene-" ha provocado en estos nueve años situaciones de tensión como la vivida hace tan sólo una semana, cuando el dueño de una casa rural cruzó su coche para impedir el paso de los vehículos pesados y tuvo que acabar interviniendo una patrulla de la Guardia Civil.

La concejala socialista culpa de la situación a los tres alcaldes de las últimas legislaturas -dos del PP y, el último, de Candidatura Independiente (CI)- por "permitir que se llegara a esta situación y conceder permisos anulados luego por los tribunales". El regidor Ernesto del Palacio declinó ayer pronunciarse sobre el conflicto. El dueño de Artrasa sentencia que sólo pide "Justicia para que mis trabajadores no se vayan a la calle y a mí me dejen arruinado".