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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha emitido un auto aceptando la suspensión cautelar de la modificación de los estatutos del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Salamanca (Oager), aprobada por el equipo de Gobierno de Julián Lanzarote con el fin de expulsar a los dos concejales socialistas que según los anteriores estatutos tenían derecho a representación.

Tras la toma de posesión de su cuarto mandato, Julián Lanzarote decidió modificar los reglamentos de organismos y fundaciones con carácter municipal de manera que el Partido Socialista no tuviera ninguna representación, al contrario de lo que ha ocurrido tradicionalmente en el Ayuntamiento de Salamanca, donde había imperado el principio de "proporcionalidad" sobre el reparto de poder del pleno.

Los concejales socialistas fueron expulsados de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, el Patronato Municipal de la Vivienda, Mercasalamanca y la Oager. Algunas de estas decisiones, provocaron la interposición de recursos por parte del PSOE, entre otros en el caso del Organismo de Recaudación.

Ahora el auto emitido por el TSJ estima las medidas cautelares solicitadas por los socialistas, es decir la anulación cautelar de los puntos modificados de los estatutos para su expulsión, al considerar que la tramitación del contencioso "privaría a los concejales afectados de ejercer su derecho constitucional".

Asimismo, el auto señala que la argumentación manifestada por el Ayuntamiento de Salamanca para modificar los estatutos, aludiendo a la "oportunidad política", constituye "una afirmación huérfana de contenido jurídico, social y político alguno".

El portavoz del PSOE, Fernando Pablos, recordó que éste es el tercer auto contrario a la gestión de Julián Lanzarote en los últimos meses y señaló que en esta ocasión "ha recibido una sentencia durísima contra su política de represión ideológica en el Ayuntamiento de Salamanca". Además, advirtió que "después hemos sabido que querían echarnos del Oager para sacar adelante una brutal subida de impuestos, pero si todo este proceso culmina bien, los salmantinos tendrán otra vez a los concejales socialistas defendiendo sus intereses en este organismo".

Precisamente, el Ayuntamiento de Salamanca informó ayer a través de un comunicado de la intención de presentar un recurso de súplica contra este auto, al que aseguró "respetar", pero al mismo tiempo manifestó su "discrepancia respecto a los fundamentos".

En el comunicado el Consistorio considera "sorprendente" que el Tribunal haya decidido la suspensión cautelar basándose "en la inexistencia de perjuicios para el interés público y en que la previsible tardanza en resolver podría causar un perjuicio irreparable a los recurrentes", sin citar otros principios para esta actuación.

Por este motivo, el Consistorio señala que "si la tardanza de un tribunal en dictar sentencia justificara por si sola la adopción de una medida cautelar de suspensión de un acuerdo, entonces no habría posibilidad de denegar tal medida".

En cualquier caso, el Consistorio subrayó que se trata de un auto de medidas cautelares, "que no entra a conocer del fondo del asunto y por tanto, no anula el acuerdo municipal de modificación de los estatutos, sino que se limita a suspender su aplicación".