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Los documentos gráficos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, que se "tocaron" después de que fueran aprobados por el pleno, según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista, sufrieron modificaciones tras una solicitud de la Concejalía de Urbanismo para aplazar la entrega del documento a la Consejería de Fomento como es preceptivo. El Ayuntamiento solicitó una prórroga de dos meses el 26 de septiembre del 2003. Fomento le concedió tres meses a contar desde el 29 de agosto.

La base de datos del Consistorio, a la que tienen acceso los trabajadores de la casa, así lo atestigua. Cuando se revisan los documentos en formato "pdf" de la serie 1 del PGOU se pueden comprobar varias cosas. En total hay 177 archivos. En 164 de ellos la fecha de modificación es anterior al 24 de septiembre, cuando aún no se había solicitado la prórroga, y en 13 hay modificaciones entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre, cuando estaban vigentes los tres meses concedidos por la Junta. En estos trece planos se encuentran precisamente los sectores de suelo sobre los que pesa la sospecha de manipulación.

En los ficheros del solar del punto kilométrico 185 de la Carretera de Madrid (54-07) y en el plano del solar de Cáritas y de plaza de la Rinconada (39-22) la última modificación registrada es el 13 de noviembre. En el primer caso a las 9.09 horas de la mañana y en el segundo a las 8.59 horas de ese mismo día.

Respecto a la otra manipulación denunciada, la reducción del grado de protección del edificio de la Casa de la India en la calle Puente Colgante se puede comprobar que el plano 44-06 de la serie 3 también sufrió modificaciones ese mismo día 13 de noviembre del 2003.

La adulteración en los gráficos permitió aumentar la edificabilidad en un sector de suelo en la Carretera de Madrid, frente a Prado Boyal, en la que se autorizó la construcción de 124 viviendas donde en principio sólo cabrían nueve unifamiliares. En el tema de Cáritas, se eximía a los propietarios del solar de varias cargas y cesiones obligatorias al Consistorio al cambiar de suelo urbano no consolidado ha consolidado, según explicaron el pasado jueves los socialistas.

La carta de petición de la prórroga la firmó el ex concejal José Antonio García de Coca el 26 de septiembre de aquel año, después de que una orden de la Consejería Fomento del 18 de agosto supeditase la aprobación definitiva de la modificación del PGOU a la presentación, en el plazo de un mes, de un único documento que integrase las correcciones introducidas por el Ayuntamiento como consecuencia de los informes de la ponencia técnica y del Consejo de Urbanismo.

En su misiva para solicitar el aplazamiento, García de Coca expone que estando próxima la fecha de vencimiento del plazo se atienda a dos argumentos. El primero, la complejidad técnica en la labor de refundición del texto "que arroja un resultado en el día de la fecha próximo a su conclusión, sin ser ésta definitiva". En segundo lugar, el edil asegura que razones de seguridad jurídica y la propia normativa vigente exigen dar cuentas del contenido del documento refundido al pleno del Consistorio. Este trámite, se recuerda en la carta, precisa del dictamen de la Comisión de Urbanismo, lo que supone una nueva demora en el plazo. Por todo ello, se solicita dos meses más para enviarlo, "al objeto de ser supervisado en toda su extensión" y cumplimentado el trámite que obliga a presentarlo al pleno.

Fomento atiende rápido al requerimiento. Apenas tres días más tarde. Antonio Silván firma la Orden 1364/2003 del 29 de septiembre -publicada en el Bocyl el 29 de octubre del 2003- en la que resuelve dar un plazo de tres meses al Ayuntamiento (un mes más de lo que solicitaba Urbanismo) para entregar toda la documentación. Así se establecen tres meses a contar desde el 29 de agosto del 2003.

En los fundamentos de derecho de la orden, se admite que no pueden obviarse las razones invocadas por el Ayuntamiento al ser una labor de refundición de cierta complejidad y se argumenta que, en última instancia, el aplazamiento será beneficioso para los ciudadanos. "Esta variación del plazo en el último término redundará en una mayor claridad y seguridad para ciudadano sobre la normativa vigente tras la aprobación de la modificación, no alterando situaciones jurídicas preexistentes", se lee en el texto.

Hasta el momento, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento no ha dado explicación ni justificación alguna sobre las alteraciones en cincuenta artículos del Plan General -veinte de ellas de calado e incluso contraviniendo la Ley de Urbanismo- ni sobre las alteraciones en los planos que ha sacado a la luz el PSOE. Desde el primer momento León de la Riva ha dicho que tiene que ser la Consejería de Fomento la que determine si hay irregularidades. El regidor admite estar preocupado y asegura que si hay errores de mala fe actuará en consecuencia. Por su parte, el consejero de Fomento, Antonio Silván sigue manteniendo que es cosa juzgada y el pasado 10 de marzo aseguraba estar "muy tranquilo".