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La situación de incertidumbre económica ha empezado a repercutir a todos los niveles, empezando por los convenios. Su firma cada vez se prolonga más y cuesta mucho llegar a acuerdos entre empresa y trabajadores.

Tal y como denuncian los sindicatos mayoritarios de la ciudad, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, la mayoría de los convenios que se están negociando a duras penas recogen el 0,5 por ciento de incremento en el sueldo respecto a la previsión del IPC anual. En los casos más privilegiados, esta cifra se sitúa en sólo un 1 por ciento.

"La situación es complicada y esto hace que cueste llegar a acuerdos, que las negociaciones se prolonguen y que en vez de revisarlo anualmente, se alargue mucho más, llegando a los dos, tres o cuatro años", señala el secretario general de UGT en Miranda, Gregorio García.

En este aspecto, se asegura que las mejoras reales de los convenios son "muy escasas" y que el único que se destaca sobre el resto en el último año es el logrado con Manufacturas Orive "porque aquí las mejoras sí que han sido sustanciales".

Las principales demandas de los trabajadores mirandeses parecen haberse reducido casi exclusivamente al ámbito económico. La subida de las hipotecas y la carestía generalizada de la vida parecen estar en el origen de estas reivindicaciones.

"Está claro que a la gente apenas le llega para pagar el piso con unas hipotecas que están por las nubes, pero estamos perdiendo un poco el norte de lo que es la reivindicación sindical. La gente no pide cuestiones sociales, que luego van a ser las que perduren, sino económicas", lamenta el máximo responsable de CC OO. en Miranda, José Luis Merino.

En este aspecto considera que se debería luchar más por conseguir mayor calidad de vida, más días de permisos o vacaciones. "Esto es lo que debería llenar de contenido los convenios".

Sin embargo, la realidad es que los convenios tienden a incluir mayor número de horas trabajadas. La mayor parte recogen un total de, aproximadamente, 1.752 horas trabajadas al año, es decir, una jornada que ronda las 38 horas semanales.

El máximo legal es de 40 horas, aunque la mayoría de los convenios están por debajo. "Las empresas están buscando alcanzar las 1.826 horas anuales o un mayor número de horas extras", explica García. Una situación que, sin embargo, no parece hacer crecer el empleo.

En todo caso, lo cierto es que en Miranda sólo Montefibre, Rottneros, Cespa y Ayuntamiento tienen jornadas de 35 horas semanales, mientras que las pequeñas empresas se sitúan en las 40 horas semanales.

Una de las cuestiones que más preocupan a los sindicatos es la pérdida del poder adquisitivo que están padeciendo los trabajadores de determinados sectores, especialmente el de construcción y servicios, sobre todo hostelería.

"Hemos comprobado que donde mayor número de inmigrantes trabajan es donde más poder adquisitivo se ha perdido en los últimos año. Es una situación alarmente", enjuicia Merino.