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El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red dedicada a introducir en el mercado laboral, con ánimo de lucro, a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España. Seis personas han sido detenidas, entre ellas un abogado que se encargaba de tramitar las ofertas de trabajo, por las que los estafados pagaban hasta 1.200 euros. Se cree que la red venía operando desde 2005.

La investigación, bajo el nombre de "Operación Rumi", comenzó con un control, el 14 de noviembre de 2007, en la empresa Rumitag de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En el momento de la inspección había diez empleados, seis de los cuales carecían de contrato y de éstos, cuatro estaban sin regularizar en nuestro país y fueron detenidos por infracción a la Ley de Extranjería.

Las pesquisas permitieron averiguar que los trabajadores sin contrato habían sido suministrados por otra firma de Mollet del Vall_s llamada Servex, que funcionaba como Empresa de Trabajo Temporal. Propiedad de Francisco José M. M., Servex tenía algunos empleados dados de alta en la Seguridad Social y un número mucho mayor en situación irregular que se enviaban a empresas barcelonesas usando los nombres de los trabajadores legales, según informaron fuentes conocedoras del caso.

En la denominada «Operación Quito», otros agentes investigaban a Servex tras ser advertidos por agentes adscritos a la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de una posible tramitación fraudulenta de ofertas laborales a inmigrantes. La Oficina había detectado un gran número de expedientes de solicitud de permiso de trabajo y de residencia basados en ofertas de Beyond Servex, empresa instrumental radicada en el mismo lugar de Mollet y cuyo dueño era también Francisco José M. M.

Con posterioridad se comprobó que en el último año y medio había 342 expedientes iniciales de Servex y 166 de Beyond Servex. La mayoría habían sido denegados porque no quedaba demostrada la existencia real de la empresa, la solvencia o la necesidad de contratación de esos trabajadores. Casi todas las ofertas laborales daban un domicilio de Mollet que resultó ser el despacho del abogado Manuel R. Á., encargado de hacer los trámites. La dirección se dio en 128 ofertas más a nombre de ocho empresas distintas.

Diecisiete víctimas de la estafa localizadas constataron la tramitación fraudulenta de las ofertas. Los afectados pagaron hasta 1.200 euros bajo la promesa de que se les conseguiría permiso de trabajo y de residencia. Pese a que la inmensa mayoría de solicitudes fueron denegadas, los inmigrantes no recuperaron el dinero pagado. Algunos nunca llegaron tampoco a trabajar.

Las personas en situación irregular eran contratadas verbalmente por Servex, que recibía de la empresa a la que las enviaba una cantidad de dinero en virtud de contratos de arrendamiento de servicios. Servex se encargaba de pagar en mano a esos empleados, aunque sólo una parte de lo que les correspondía, cantidad de la que además se les descontaba el dinero para financiar los trámites, si es que no la habían pagado. Dos de los declarantes dijeron que Servex les debía una importante suma de dinero.

La operación se cerró el pasado lunes con la detención de los tres responsables del entramado fraudulento, a los que se acusa de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores y estafa. Se trata del citado Francisco José M. M., de 46 años y administrador único de Servex y Beyond Servex; Joan Francesc V. V., de 51 y apoderado de Rumitag, y el abogado Manuel R. Á., de 44 años.

Tras declarar ante la Policía, los tres quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar disposición judicial.