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En la presentación de la memoria de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, su presidenta, María Eugenia Alegret, dio cuenta del dato: en 2007, el porcentaje de sentencias dictadas en catalán fue de un 16,7 por ciento (casi el 85 por ciento en castellano), un 1,3 por ciento menos que en 2006. Y sólo añadió de viva voz una breve referencia a que antes se "primaba" su uso en los juzgados.

Con eso de "primar", Alegret aludía a un plan piloto que la Generalitat gobernada por CiU impulsó en octubre de 2000, y que el tripartito suprimió a finales de 2004, según el cual se gratificaba económicamente a los funcionarios de los juzgados por utilizar exclusivamente el catalán en toda su documentación. Según datos facilitados por CiU, los funcionarios en cuyos juzgados se implantaba el uso exclusivo del catalán recibían un nada desdeñable incentivo de 600 euros por trimestre.

A tenor de las estadísticas, el citado plan sirvió para reanimar -aunque fuera con una controvertida terapia a golpe de talonario-, a un moribundo, el uso del catalán en la Justicia, pero no para curarlo. Porque tras la supresión de la medida el paciente recayó.

Freno en 2004 A finales de 2000, cuando se comenzó a aplicar el plan en 40 oficinas judiciales -de forma voluntaria y siempre con un quórum de funcionarios partidarios-, sólo el 1,26 por ciento de las sentencias dictadas ese año habían sido redactadas en catalán. En 2001, con 76 oficinas judiciales secundando el plan, el porcentaje pasó a ser del 6,18 por ciento, y fue aumentando en paralelo a la extensión del plan.

El culmen de esta ascensión, aunque con respiración asistida, llegó en 2004, con 120 oficinas judiciales -una cuarta parte del total- adheridas al plan. Entonces se logró que un 20,63 por ciento de las sentencias se escribieron en catalán. Pero justo a finales de ese año, el tripartito decidió suprimir la medida. "Con la excusa de que era un plan piloto y de que llevarían a cabo otras acciones", afirma Nuria de Gispert, actual portavoz de CiU en la Comisión de Justicia del Parlamento catalán. La supresión del plan sirvió para darse de bruces con el realismo. En 2005, el porcentaje de sentencias en catalán descendió medio punto; en 2006, bajó a un 18,13 por ciento, y en 2007, fue de un 16,7 por ciento. Con las cifras en la mano, nadie pone en duda que cuando se ha dejado de incentivar el uso del catalán, se ha condenado al mismo al desuso.

Por eso desde algunos partidos, como CiU, o algunas voces de estamentos afectados, como jueces o abogados, se muestran a favor de recuperar esta medida. Con todo, partidarios y detractores, resaltan que la supresión del plan no explica por sí solo el por qué el uso del catalán en la Justicia es minoritario. Así, en una ponencia de octubre de 2007 redactada por la entonces coordinadora del servicio Lingüístico del Ámbito Judicial del Departamento de Justicia de la Generalitat, Rosa Lizandra, se señalaban otros problemas que obstaculizan la difusión del catalán en este ámbito: "la propia estructura centralizada del poder judicial; el lugar de origen de las personas que trabajan al servicio de justicia; la formación en lengua castellana en las facultades de Derecho; las dificultades para encontrar textos legales y manuales de derecho en catalán, la poca demanda de los abogados a ser atendidos en catalán...".

"Y en definitiva -remataba Lizandra-, la inercia a utilizar el castellano en las relaciones con la Administración de Justicia. Comparte este análisis Mireia Casals, abogada de la sección de Derecho del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y miembro de la Asociación de Juristas para la Lengua. Casals cree que todos los funcionarios involucrados en la Justicia -desde los jueces a los abogados- son corresponsables del poco uso del catalán, aunque no duda en entonar un severo "mea culpa" corporativo. "El día en que los jueces reciban muchos escritos de abogados redactados en catalán, se pondrán las pilas", afirma.

A la hora de analizar por qué muchos abogados recurren al castellano, Casals admite que entre algunos profesionales existe un cierto miedo, que se retroalimenta con el de sus clientes, a que exigir la tramitación de una sentencia en catalán predisponga al juez en contra. Un miedo, admite, infundado en la inmensa mayoría de los casos.

Igual piensa Matilde Aragó, magistrada de la Sala de lo Social del TSJC y miembro de la Asociación de Juristas para la Lengua. "Hay muy pocas actuaciones negativas de jueces que dificulten el uso del catalán. El problema es que es más disuasiva y mediática, una actuación negativa que cien positivas", dice Aragó, que también señala como causa que los usuarios ignoran su derecho a usar el catalán en todo los ámbitos de la Justicia y a exigir que sus causas se redacten en esta lengua.

Esta juez, como la abogada Mireia Casals, consideran que para dar un impulso al catalán en la Justicia "falta voluntad política". Para destinar más dinero a reforzar las medidas existentes, como los servicios informáticos de traducción de sentencias, la formación de profesionales o la traducción textos legales al catalán.

Pendientes de reformas legales Otrora, una traba al uso del catalán era el nivel de conocimiento entre jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto de funcionarios, muchos de fuera de Cataluña. Sin embargo, otro vistazo a la estadística lo matiza. Según se desprende una encuesta de la Generalitat de mayo de 2007, el 26 por ciento de los fiscales, el 55 por ciento de los jueces y el 66,61 de los secretarios tienen niveles B, C, o D de catalán y están capacitados para atender oralmente y por escrito en esta lengua a un ciudadano.