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El próximo 9 de marzo, aprovechando las elecciones generales españolas y los comicios cantonales en Francia, la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD), que agrupa a unas 700 entidades de ámbito nacionalista y la asociación Soberania i Progr_s, próxima a ERC, aspira a instalar 400 mesas electorales "paralelas" a los colegios electorales de las generales para recoger firmas a favor del traspaso a la Generalitat de la competencia plena en la convocatoria de referendos y consultas populares, lo que abriría la puerta a la convocatoria de un referendo de autodeterminación al que aspiran los impulsores. Se trata de una campaña, "Decido decidir" que ambos grupos iniciaron el pasado 23 de abril, a la que quieren dar un impulso aprovechando la movilización propia de las elecciones generales.

Con una novedad. Esta vez intentarán extender su ámbito de acción a lo que denominan "Països Catalans" en su conjunto, esto es, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, la Franja y las regiones francesas que integran la Cataluña Norte. De hecho, los portavoces de la plataforma anunciaron en la presentación de esta "consulta popular" que ya cuentan con 50 mesas, una de ellas en Ibiza, otra en Perpiñán y una tercera en Aragón.

Los convocantes buscarán, para extender su consulta, el apoyo de entidades como ateneos, agrupaciones de cultura popular, "esplais" y "casals" como la red valenciana Jaume I para conseguir montar más de 400 mesas de recogida de firmas. Mesas que se instalarán a una distancia prudencial de los colegios electorales, se esforzaron en destacar los impulsores de la campaña, para no chocar con la legislación electoral. El ensayo general se produjo en las pasadas elecciones locales, en las que ya se instalaron algunas mesas de recogida de firmas. Ahora, la PDD y Soberania i Progr_s aspiran a conseguir el máximo número de mesas para pedir "que los parlamentos de nuestra nación puedan reclamar" la competencia total en la celebración de referendos.

La campaña se prolongará unos meses después de las elecciones y su objetivo es recoger un número suficiente de firmas como para forzar a los grupos parlamentarios a iniciar el proceso legislativo de reclamación de este traspaso. Al referirse a una ley orgánica, no se puede iniciar el proceso con una Iniciativa Legislativa Popular. De hecho, las firmas recogidas deben ser admitidas por el Parlament, que a partir de su aceptación podría abrir un debate sobre la citada reforma y, si se dan los apoyos suficientes, aprobar un proyecto de ley que debería ser aprobado en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, algo altamente improbable.