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El Gobierno catalán suprimió las principales restricciones al uso de "agua de boca" impuestas en el área de Barcelona y Girona a raíz de la sequía, y anunció que suspende el transporte de agua de Tarragona a Barcelona en barcos y negociará la anulación del contrato para traer agua desde Marsella a la capital catalana. De este modo, la Generalitat da por cerrado un episodio que le ha costado 522 millones de euros, 328 de los cuales corresponden a actuaciones estructurales ya previstas, pero avanzadas, según el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar.

Los 194 millones de euros restantes corresponden a actuaciones de emergencia no previstas en los presupuestos de la Generalitat, aunque Baltasar aseguró que algunas de ellas devendrán en infraestructuras definitivas, como la recuperación de algunos pozos y la reutilización de acuíferos.

El conseller no especificó de dónde saldrá el dinero para sufragar los costes de la crisis, que se distribuirá entre los presupuestos de la Generalitat, partidas a cargo de la Disposición Adicional Tercera del Estatut -que establece el porcentaje de inversión del Estado en infraestructuras catalanas- y endeudamiento de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En ese monto no se incluye el coste de anular las obras del trasvase a Barcelona, que como señaló Baltasar corresponden al Gobierno, ni la rescisión del contrato para traer agua en barcos hasta Barcelona. En este caso, el conseller confirmó que la Generalitat ha suspendido ya los envíos desde Tarragona y el ACA negociará con las empresas concesionarias la rescisión del contrato para seguir trayendo agua desde Marsella hasta el 15 de agosto.

Son las consecuencias legales de que los embalses del sistema Ter-Llobregat llegaran ayer al 54 por ciento de su capacidad, rozando los 350 hectómetros cúbicos acumulados. Una cantidad que sitúa a las cuencas catalanas al nivel de hace un año, cuando se aprobó el Decreto de sequía, recordó el titular de Medio Ambiente al anunciar la supresión de las restricciones.

"Hemos dejado el hospital, pero necesitamos curas paliativas diarias", advirtió para dejar claro que Cataluña no puede "bajar la guardia" en los próximos meses pese al aumento de los embalses y la supresión de las medidas más espectaculares. Con el paso del Nivel II al Nivel I de excepcionalidad fijado por el Decreto de sequía catalán se podrán llenar piscinas, regar jardines, lavar el coche con manguera y reabrir las fuentes públicas, excepto las ornamentales. Pero se mantienen restricciones en la agricultura y algunos usos públicos.

La medida aprobada por el Govern implica la derogación del Decreto Ley que autorizaba el trasvase del Ebro a Barcelona, una medida que fue recibida con júbilo por los líderes de la Plataforma del Ebro y criticada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB). Esta entidad considera que la conexión es "una medida estructural imprescindible" para garantizar el suministro de agua de boca en un futuro, tanto en Barcelona y su área metropolitana como en el Camp de Tarragona. Sin embargo, la interconexión sigue divididendo al tripartito. Ayer, el conseller Baltasar negó que el Ejecutivo catalán se haya planteado esta obra asociada a la futura desalinizadora de Cunit, tal y como hace apenas unos días avanzó el presidente catalán, José Montilla. Una interconexión que ayer volvió a defender en solitario el PSC, frente a la oposición de sus socios de ERC e ICV.

No fue el único ámbito en el que los socialistas catalanes mantuvieron una postura contraria a sus socios de gobierno. Otro tanto sucedió en el Congreso, donde CiU y PSOE -con los votos de los 25 diputados del PSC- aprobaron una moción nacionalista para que se cree una comisión de estudio de un futuro trasvase del Ródano. Una iniciativa que ERC e ICV votaron en contra.

El coordinador de diputados y senadores del PSC, Francesc Valls, aseguró que el acuerdo de CiU y PSOE en el Congreso desvincula a la Generalitat y defendió que los socialistas habían introducido diferencias sustanciales respecto al texto inicial de CiU.