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Todos los grupos del Parlament han votado a favor de la Ley de Servicios Sociales que permitirá el acceso de las clases medias a los servicios sociales, lo que significa que medio millón de personas más se podrán beneficiar en los próximos años de los servicios de atención a la dependencia.

El texto del dictamen detalla los derechos y deberes de las personas en relación con los derechos sociales y contiene, además, un catálogo de servicios como garantía del derecho a los servicios sociales de la red pública. Dicho catálogo pasará a ser una cartera de servicios que deberá aprobar por decreto el Govern con vigencia de cuatro años y que deberá definir el tipo de prestaciones, la población a la que va dirigida, el equipo profesional que lo tendrá que gestionar y los estudios económicos pertinentes de todas las prestaciones.

La Ley de Servicios Sociales introduce, como novedad, la figura del "profesional de referencia" -a semejanza del médico de cabecera- que velará por la coordinación de los servicios sociales de cada ciudadano y que debe permitir agilizar sus trámites y acabar con la obligación de los usuarios de ir de ventanilla en ventanilla.

Otra novedad es que a partir de la entrada en vigor de esta ley, en enero de 2008, la evaluación del nivel de ingresos del beneficiario potencial de un servicio será a título individual y no familiar, como pasaba hasta ahora. La ley propone un sistema de financiación mixto de administración y usuarios, que en los casos de las rentas más altas deberán contribuir al pago de estos servicios. La intención es que a partir de ahora las clases medias tengan acceso a los servicios sociales, hasta ahora exclusivos de las personas con rentas más bajas.

Esta iniciativa legislativa también contempla ofrecer el servicio de manera descentralizada, con una participación importante de ayuntamientos y consejos comarcales, y organizándose a partir de áreas por cada veinte mil habitantes.