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Su parto no ha sido fácil -diez meses de tensas negociaciones con el sector y una huelga general- y tampoco lo serán sus primeros meses de andadura. Al menos eso es lo que se deduce viendo las reacciones que ha suscitado la nueva Ley de Educación catalana (LEC) en su debut público.

El contenido del anteproyecto de ley se desveló el pasado lunes, aunque algunos sindicatos y determinados partidos políticos ya conocían su esencia. CiU lo recogió en mano unas 48 horas antes de su presentación a los medios y el PP tuvo que acceder a él a través de la página web de la conselleria de Educación.

La nueva Ley arrastra las cicatrices de un embarazo complicado, que en algunos momentos amenazó con aborto por medidas tan polémicas como la que abría las puertas a la gestión privada de los centros públicos. No hubo aborto pero sí una dura huelga general que vació las aulas catalanas el pasado 14 de febrero y dejó un regusto amargo en el sector. La propuesta cayó, finalmente, del articulado que presentó esta semana el conseller Ernest Maragall (PSC), hecho que se han apuntado como mérito los sindicatos que batallaron duro con la conselleria por esta cuestión.

La ley con la que Maragall pretende reorientar la red educativa pública, mejorando su excelencia y reforzando su autonomía, ha tenido una "mala entrada" en el sector. Con esta contundencia lo resumen fuentes sindicales. Ninguno de los sindicatos educativos ha dado su aprobado al nuevo texto.

Comisiones Obreras (CC. OO.), Ustec-Stes y UGT se apuntan como un tanto que se haya borrado del texto cualquier insinuación sobre la privatización de los centros, aunque ven con recelo la medida alternativa que plantea de crear consorcios conjuntos con los ayuntamientos para realizar proyectos específicos. "Nos oponemos al traspaso a los ayuntamientos de la gestión de centros públicos, así como la creación de centros municipales, ya que la experiencia de los centros de 0 a 3 años nos demuestra que la mayoría acaban siendo gestionados por empresas privadas, con un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes", denunció la portavoz del sindicato, Rosa Cañadell.

Tampoco hace una valoración satisfactoria de la ley CC. OO. El sindicato, que dirige Joan Coscubiela, desconfía de la nueva propuesta del departamento de Educación. "La Generalitat empieza a ser un interlocutor no fiable porque cada conselleria va a su bola", dijo Coscubiela. El líder sindical coincide con su homólogo en la UGT, Josep Maria Álvarez, en que "antes de presentar la ley, la Generalitat debería haberla consensuado con los docentes". "No se puede negociar una ley de este calado por la puerta de atrás", afirmó Álvarez. Los sindicatos consideran positiva la medida introducida para limitar el número de inmigrantes en los centros.

Por contra, se oponen a los cambios que introduce el redactado con respecto a la función docente. La portavoz de Fete-UGT, Neus Munté, considera que la LEC entra a "regular" las condiciones laborales de los docentes, estableciendo que deberán realizar unas oposiciones diferenciadas y un año de prácticas. Otros puntos débiles del articulado son, según los sindicatos, la propuesta "poco valiente" en cuanto a la escolarización de 0 a 3 años, el refuerzo de la FP y la "desfiguración" de los contratos-programa de la red concertada.