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Al igual que existe una fiscalía especializada en violencia de género o en delitos medioambientales, la Fiscalía Superior de Cataluña creará una nueva área de trabajo específica, en este caso para llevar los casos de acoso inmobiliario, o "mobbing" inmobiliario, como también se conoce. Sólo en Barcelona, entre 2004 y lo que llevamos de 2008 las oficinas municipales recibieron 530 consultas relacionadas con este fenómeno, cuyo perfil típico es el de un tiburón inmobiliario, normalmente el casero, que se dedica hostigar a un anciano que vive en un piso de renta antigua para que lo abandone. De los 530 casos, siete han llegado a los tribunales. En el caso de Barcelona, uno de cada tres casos se concentran en el distrito de Ciutat Vella, cuya concejal Itziar González ha cogido el asunto del "mobbing inmobiliario" como una de las banderas de su gestión.

La escalada de precios, los procesos de reforma de los cascos antiguos de las grandes ciudades emprendidos en los últimos años y el furor especulativo de gente sin escrúpulos han hecho eclosionar un fenómeno que ahora la Fiscalía, de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, quiere encarar con mayor eficacia. Así, se designará a un fiscal, Fernando Rodríguez Rey, que en coordinación con el Consistorio analizará los posibles casos que se hayan detectado y, si se intuyen indicios de delito, instruir las diligencias. Acompañada por el alcalde Jordi Hereu, la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, señaló que "la especialización da una mayor eficacia" y se "evita la dispersión de trámites" dentro de la misma Fiscalía. Compte explicó que espera que otros municipios se sumen a este plan del Ministerio Público pionero en España.

La manera de proceder será la siguiente. En primer lugar, las oficinas de vivienda de cada distrito de la ciudad -"las antenas y los oídos de la administración", explicó Hereu- recabarán información sobre los distintos casos de "mobbing" y tutelarán a los vecinos, ejerciendo una mediación que en uno de cada diez casos se ha demostrado suficiente para solucionar el problema. Si la mediación no resulta -"saber que la Fiscalía está detrás ayuda mucho a que funcione", ironizó el alcalde-, el expediente se traslada a la fiscalía, que entonces, con la "instrucción" ya hecha, puede actuar de inmediato. El nuevo fiscal para casos de acoso inmobiliario señaló que aunque el Código Penal no tipifica de manera específica esta práctica, sí se puede abordar con garantías como un delito de coacción o de atentado contra la integridad moral, lo que se castiga con penas de hasta tres años de prisión. Aunque sin una figura legal específica, el "mobbing" empieza a hacer carrera judicial, y en 2005 se dictó la primera sentencia condenatoria en la que de manera concreta se hablaba de esta práctica.

Con la designación de un fiscal especial, recalcó Compte, se trata de proteger, sobre todo, a las personas que por su situación personal y económica se encuentran desprotegidas: ancianos, inmigrantes o familias de rentas bajas, entre otros. Desde la Fiscalia Superior se reconoció que hasta ahora no se había trabajado este fenómeno con la intensidad debida. El convenio incluye la creación de una comisión, con representantes del Ayuntamiento y el fiscal asignado, que se reunirá como mínimo una vez al mes y que analizará los procedimientos de actuación, y si los casos reúnen las características objetivas suficientes para ser denunciados como tal ante la Fiscalía.