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El Gobierno catalán aseguró ayer que no retirará el polémico artículo 42 de la Ley de derecho a la vivienda, que permite el alquiler forzoso de las viviendas cuando la Administración lo considere necesario, considerado inconstitucional por el Consell Consultiu de la Generalitat. El Consell Executiu aprobó ayer, a propuesta del conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, (ICV) reformar este artículo para adaptarlo al Consultiu pero dejó claro que no renuncia a él.

Tras la reunión del Executiu, el número tres del Govern y también ecosocialista Joan Saura defendió además que el dictamen del Consultiu "no cuestiona el grueso de la ley", puesto que sólo ha admitido la inconstitucionalidad de uno de los 19 artículos cuestionados por CiU y PP. Así, se mantienen artículos igualmente polémicos como el 5, que hace referencia a la función social de la vivienda, o el 17, la reserva de suelo para vivienda protegida. Saura fue más allá, al señalar que "el Govern podría no hacer caso" del dictamen del órgano asesor, pero modificará el citado artículo porque "se comprometió a acatar el dictamen". El número tres del ejecutivo aseguró que en los próximos días el Govern presentará una nueva redacción que recoja las consideraciones del Consultivo "pero en ningún caso retirará el artículo".

De hecho, ayer ya se dio a conocer una primera propuesta, la lanzada por el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, quien aboga por acotar la definición de "zonas de demanda residencial fuerte y acreditada" para salvar la figura del alquiler forzoso. El dictamen del Consell Consultiu considera inconstitucional el artículo 42.6, pero en su argumentación detalla que "lo que verdaderamente plantea problemas es la falta de determinación de lo que se ha de entender como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada".

El informe jurídico considera que esta indefinición genera el peligro de que la calificación de vivienda vacía "constituya una decisión discrecional de la administración, que no está sujeta a ningún parámetro". Por ello, Ridao propone que se fije en la ley que el Govern creará "un censo de viviendas utilizadas anómalamente" y concretará las "zonas de demanda" para adaptar este proyecto de ley al dictamen. Ridao transmitió ayer a la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, su propuesta de redactado. En ella, añade como condicionante previo al alquiler forzoso el que se haga de acuerdo con "los programas de inspección" de la administración competente.

Por contra, los grupos de CiU y PPC en el Parlament dejaron claro ayer que no votarán la futura Ley del Derecho a la Vivienda si no se suprime el artículo 42.6. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, mostró su satisfacción con un dictamen, que consideró "inequívoco". Pujol pidió al Govern que no busque "subterfugios para continuar con su tozudez" y que el alquiler forzoso caiga de la ley. El portavoz nacionalista lamentó que la Generalitat haya perdido dos meses y señaló que el Consultivo ha tenido que resolver lo que el presidente Montilla no hizo. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, tildó de "severo correctivo" y "toque de atención" al Govern el dictamen. Mejías consideró que del informe se desprende que el alquiler forzoso vulnera el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el concepto de "juicio de necesidad".